martes, 4 de julio de 2017

Las trampas de Alonso que Montserrat encubre (2ª parte)

Comenté la semana pasada que me he empeñado en saber quién en concreto tomó la decisión de esconder en un cajón el Real Decreto 954/2015, conocido como "de prescripción enfermera", durante dos meses, hasta que pasaron las elecciones generales del 20D.

Estoy empeñado porque, de ser así, estaríamos ante un hecho de corrupción cualitativamente equiparable a la financiación ilícita de un partido y en el Popular (el partido, quiero decir), con permiso de algún otro también de chapeau, han elevado este oficio a la categoría de arte: todo ello va destinado a favorecer de manera ilícita su posición electoral, bien teniendo más fondos para impacto sociomediático (lo que ahora se llama competir "dopado", es un buen símil), bien no enemistando más de lo posible a colectivos como el de enfermeras, con más de un cuarto de millón de votantes potenciales. Aunque dudo mucho de que les mereciera la pena arriesgarse a que les pillaran haciendo trampas, en mi experiencia no se trata, más allá de sus sectores más lúcidos, de un colectivo especialmente corporativista o sensible a los insultos (que es en realidad lo que estaba haciendo el ministro Alonso y parece que ahora quiera seguir haciendo la ministra Dolors Montserrat encubriéndole: insultar a su inteligencia, si es que no más).

Insisto, de ser así, como todo indica que lo es, no resultaría injurioso hablar de desviación de poder o prevaricación, es decir, de hechos delictivos y de corrupción política.

Ya sabemos que la causa (principal) estuvo en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde se embargó durante 46 días una norma que había sido aprobada por el Consejo de Ministros (tampoco es que en el BOE estuvieran muy diligentes, la verdad).

Así que, como ya conté, quise preguntar al Ministerio de Sanidad si era normal esta demora, si existían antecedentes. El Secretario General del Ministerio, Sr. Carvajal Álvarez, muy transparente él, me inadmite la pregunta, primero por la «indeterminación absoluta del período temporal»; eso es tan cierto como que el Sr. Carvajal o alguno de su administrativos podrían haberme pedido que delimitara ese período en vez de agarrarse a esta «indeterminación temporal» como lapas.

Por otro lado, la inadmite también por exigir «una acción previa de reelaboración» por parte del Ministerio  –y aquí se agarra al artículo 18.1.e) de la ley de transparencia y a una sentencia de la Audiencia Nacional, como suelo decir, como un borracho a una farola: no para iluminarse, sino para no caerse–.

Así las cosas, de manera tan transparente por parte del Ministerio que dirige Dolors Montserrat, y antes de presentar Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (cosa que ayer mismo dejé hecha y ya tengo el acuse de recibo), decidí acometer con mis pobres medios esta «acción previa de reelaboración», acotando el período a los cuatro años que llevaba este Ministerio en manos del Partido Popular hasta la publicación del RD de marras: es decir, desde el 21 de diciembre de 2011 (a efectos prácticos, 1 de enero de 2012).

La ardua «acción previa de elaboración» que los servicios de documentación del susodicho Ministerio no pudieron acometer me llevó exactamente 48 minutos usando el buscador del BOE y un poquitín de Excel®. Véase la extremada complicación:



En estos cuatro años se publicaron 38 normas con rango de Real Decreto (exceptuando en su caso nombramientos de altos cargos), que son estas de aquí (CM = Consejo de Ministros):





Como pueder verse, los dos siguientes RD que más se demoraron (34 y 26 días) en su publicación en el BOE desde la aprobación por el Consejo de Ministros lo fueron en agosto, lo cual puede parecer razonable estar toda la administración a ralentí.

De manera que como se ve en la tabla el siguiente equiparable en sus condicionantes tardó 25 días, es decir, que el RD 954/2015 se demoró un 144% más que el siguiente en tiempo de demora. Y dado que el tiempo medio (excluido del cálculo el propio RD 954/2015) es de 10,2 días, este se demoró un 498% sobre la demora "habitual". Por cierto, la "moda" estadística (el valor más frecuente), es 1 día.

Es evidente que desde el Ministerio de Sanidad se guardó el RD en un cajón. Solo nos resta saber quién o quiénes, exactamente, fue o fueron. Porque detrás de las decisiones administrativas están la ley y el derecho, pero detrás de las decisiones políticas hay personas: personas concretas con nombre y apellidos.

Bueno, ahora a esperar los tres meses (ojalá sean menos como acostumbran) que tiene el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para responder a mi Reclamación. Tal como está regulado en España, buscar la transparencia de unas administraciones públicas con inercia hacia el lado oscuro es sobre todo un ejercicio de muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucha paciencia.



PS.- Si no ha descargado libre y gratuitamente aún mi última publicación sobre el tema, "La prescripción enfermera frente al espejo: entre el norte y el sur", aún pude hacerlo. Creo que merece la pena.


viernes, 30 de junio de 2017

La prescripción enfermera frente al espejo: entre el norte y el sur

Tengo el placer de presentar mi nuevo libro, que lleva el mismo título que esta entrada del blog.

Está publicado bajo una licencia Creative Commons no comercial, que permite su descarga y distribución siempre que no medie ánimo directo o indirecto de lucro.

Son 170 páginas en las que recopilo las publicaciones sobre el tema de la prescripción de medicamentos por enfermeras que han pasado el control de calidad, mío y de la editora. Hay información, opinión, mucha documentación y sobre todo, investigación de tipo "periodístico" (por llamarla de alguna manera). Se desvelan papeles "secretos" u ocultos y se proporciona, no solo descripción, sino también análisis e interpretación de los hechos y de las posiciones de los agentes implicados, profesionales y políticos.

También hay un extenso prólogo, redactado para la ocasión; salvo una pequeña parte que publiqué ayer en este blog, el resto es material inédito.

Todos los enlaces han sido reviados y, en su caso, actualizados (excepto los decaídos, es decir eliminados de la web o medio originales).

Es una edición profesional, maquetada y revisada, con enlaces de accso rápido. Lista para imprimir en papel, aunque siempre pensándolo dos veces antes de hacerlo por motivos medioambientales.

Este es el índice:

Prólogo (texto inédito). 3
El caso de la prescripción enfermera. 15
Prescripción de medicamentos por enfermeras: Un panorama actualizado. 19
El rincón del demagogo: Máximo González Jurado. 21
Sobre la 'prescripción enfermera' 25
Líbrame de mis amigos... 29
Proscripción enfermera. 35
El botín. 41
No me toques los sintrones... 51
Lo que siempre quiso saber sobre prescripción enfermera (Pero nunca se atrevió a preguntar) 59
Prescripción enfermera para ‘dummies’ 67
Cuarteto 954 (1): Cuando despertaron. 75
Cuarteto 954: (2) Mundo de cosas. 81
Cuarteto 954: (2½) Fallen. 93
Cuarteto 954: (3) Yo pregunto a los presentes. 99
Cuarteto 954: (4) Personajes en busca de autor. 105
Ficciones y realidades. 113
¿Reflejos franquistas en la Administración? Prescriba transparencia. 119
#PrescripciónEnfermera: la música y la letra. 125
El informe que ocultó el ministro Alonso (y algo más). 131
Cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. 141
De informes secretos, truhanes y caballos de Troya. 143
Aterr(or)iza como puedas. 153
Prescripción enfermera por Javier Rey. 161
#PrescripciónEnfermera: derogar el decreto, cambiar la ley. 163


Espero que les guste y les sea útil, especialmente por la escasa producción intelectual sobre un tema simbólica y políticamente tan importante, que fue lo que me motivó a emplear mi tiempo y mi atención para intentar rellenar un poco ese espacio casi vacío.

En todo caso, muchas gracias por su atención.

Juan F. Hernández Yáñez




 . 163

jueves, 29 de junio de 2017

Las trampas de Alonso que Montserrat encubre



Mañana estreno libro, La prescripción enfermera frente al espejo: entre el norte y el sur, que es básicamente una recopilación, ordenación y revisión de todo lo que he escrito en blogs, artículos y libros sobre el tema que da origen al título. Incluye un largo prólogo recién sacado del horno, en el que explico con bastante detalle mi visión, o más bien mi interpretación, sobre este espinoso tema que ha vuelto a resucitar en los pasados días (si es que alguna vez murió).
Con 170 páginas y una cuidada edición profesional en pdf, lista para impresión en papel si se desea, se publicará bajo una licencia Creative Commons, es decir que será de descarga y distribución libre y gratuita (naturalmente, solo para uso no comercial).

Esta entrada forma parte de dicho prólogo, pero dado que en el libro, además de opinión y documentación, hay mucho de investigación "periodística", me ha parecido oportuno sacar este fragmento como entrada en el blog a modo de anticipo o "gancho". Que disfruten con...

Las trampas de Alonso...



Hay un hecho incuestionable que no entiendo que no haya tenido consecuencias políticas o judiciales de ningún tipo. Me refiero a los dos meses justos que se retardó la publicación del Real Decreto 954/2015, hasta justo tres días después de las elecciones generales de diciembre de 2015. No me puedo creer que nadie viera indicios fortísimos de prevaricación, ya que nada de carácter administrativo o jurídico justificaba esa demora, ni creo que hayan existido precedentes.
El Real decreto 954/2015, comúnmente denominado 'de prescripción enfermera', fue aprobado en el Consejo de Ministros del día 23 de octubre; en el mismo, se aprobaron además otros 10 reales decretos. Seis de esos diez se publicaron en el BOE del día siguiente, sábado 24 de octubre; otros dos tardaron 3-4 días (naturales) en ser publicados y solo dos se demoraron algo más: aun así, no pasaron de 12-14 días.
Era evidente para mí que habían existido instrucciones explícitas por parte del ministro de Sanidad o su entorno para no publicar un decreto que había despertado al Kraken del lobby enfermero y había causado un tremendo malestar y humillación en la mayor parte del colectivo (al menos de los que se interesaron por el asunto, que no estoy muy seguro de que fuera una mayoría).
No obstante, me pareció prudente preguntar a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado si habían existido causas “técnicas” que justificaran tan insólita demora. Lo hice, amparándome en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y recibí cumplida  –si bien, bastante fuera del plazo reglamentario–  respuesta. Dicen los responsables del Boletín que:
En el caso que nos ocupa, el día 2 de noviembre de 2015 la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales remitió al Ministerio de Sanidad el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, al objeto de recabar el refrendo del señor Ministro.
El real decreto de referencia se recibió refrendado por el Ministro de Sanidad el día 18 de diciembre de 2015. A continuación, el Real Decreto 954/2015 fue remitido a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado el 22 de diciembre, procediéndose a su publicación el día 23 de diciembre de 2015.
Es decir, que de los 61 días que tardó en ser publicada la norma, 14 (que no son pocos ni probablemente casuales, por cierto) son achacables al Ministerio de la Presidencia y uno solo, al Boletín Oficial. Pero los 46 días restantes (75%) el texto legal estuvo a buen recaudo en algún cajón o caja fuerte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Preguntemos, pues, al Ministerio de Sanidad, dos cosas. Por un lado:
Si han existido precedentes en el Ministerio de Sanidad de la demora de 46 días entre la recepción de un Real Decreto, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, y su devolución refrendada para su publicación en el B.O.E.
Por otro,
Quién, dentro del Ministerio de Sanidad, adoptó la decisión de demorar de manera tan extraordinaria la publicación del citado Real Decreto 954/2015 y cuáles fueron las razones para hacerlo [y que] en el caso de que hubiera existido cualquier tipo de orden, presión o sugerencia de demorar la publicación de la norma en el BOE por parte de algún órgano del Gobierno, que se me indique cuál fue ese órgano y cuáles fueron las razones aducidas. Y de haber sido realizada por escrito, se me facilite copia del documento.

... que Montserrat encubre.

 
La respuesta del Ministerio de Sanidad fue la siguiente.
Respecto a la primera pregunta…
Debe ser inadmitida a trámite al amparo de las causas establecidas en el artículo 18.1.c] y e] de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El motivo de esta inadmisión se basa no solo en la indeterminación absoluta del período temporal al que debe extenderse el análisis requerido, que hace inviable dar cumplimiento a lo solicitado, sobrepasando de forma manifiesta los límites normales del ejercicio del derecho de acceso, sino también en que dicho análisis requiere de una acción previa de reelaboración por este departamento, al no existir un registro sobre el particular ni disponerse, en consecuencia, de herramientas específicas para la búsqueda de tales precedentes.
Eso significa que en pleno siglo diecinue… perdón... ¡veintiuno! el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no mantiene ninguna base de datos electrónica sobre la normativa que elabora, en la cual consten los órganos implicados, los informes de otros departamentos o de los trámites de audiencia, las fechas clave del procedimiento de tramitación, aprobación y publicación... Prefiero no creérmelo porque hacerlo sería más desazonante. ¿Llevarán manguitos y visera en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad? Investigue, señora ministra.
Por lo que respecta a la segunda…
Si bien la normativa vigente no establece ningún plazo máximo para la publicación en el BOE de los reales decretos desde su aprobación en Consejo de Ministros, en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no se ha recibido orden o sugerencia de ningún órgano para demorar dicha publicación, habiéndose remitido el texto del real decreto, tan pronto se ha recibido, a los distintos órganos que intervienen en la fase de publicación en el BOE, sin que conste en los archivos de la Secretaría General Técnica documentación alguna acreditativa de lo que solicita don Juan Francisco Hernández Yáñez.
Ello significaría  –de ser tan imbécil como para creérmelo–  que una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado una norma; que el Ministerio de la Presidencia ha validado y certificado dicha aprobación; que le es reenviada al Ministerio emisor para que compruebe si a algún miembro ocioso de Presidencia (o a la propia Sáenz de Santamaría, por qué no) les ha dado por alterar a escondidas su contenido, jijiji; y que dentro de dicho Ministerio, el de Sanidad en este caso, antes de devolverlo validado, el documento va (como la falsa monea, que de mano en mano va… y ninguno se la quea, que diría Imperio Argentina) por los «distintos órganos que intervienen en la fase de publicación en el BOE», antes de volver a enviarla a Presidencia, quien a su vez lo envía a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

 
En la imagen, los "distintos órganos" del Mº Sanidad que intervienen en la fase de publicación en el BOE, en acción (fotograma de Brazil, de Terry Gilliam).

Naturalmente, sin dar detalle sobre esos misteriosos «órganos» que supuestamente intervienen antes de devolverlo a Presidencia repletito de sellos de «Revisado y Conforme».
En todo caso, el artículo 19.2 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», establece que la facultad de ordenar la inserción de los reales decretos corresponde «al Ministro que los refrende o, por su delegación, a los demás órganos superiores del departamento correspondiente». Así que...
¿Me están contando que los ministerios responsables de los reales decretos que se publicaron el día siguiente en el BOE  –«por el que se modifica el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales», Ministerio de la Presidencia; «por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos», Ministerio de Hacienda; «por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones», Ministerio del Interior; además de varios nombramientos de altos cargos y la concesión de una medalla, de tres ministerios diferentes– fueron capaces de hacer todo eso en unas horas, incluyendo la gestión de sus «distintos órganos que intervienen en la fase de publicación en el BOE»?

Es una tomadura de pelo total. Así que nada, estoy preparando la oportuna Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, les mantendré informados.

Aunque, digo yo, ¿la ministra Dolors Montserrat no tendría nada que decir acerca de la respuesta anti-transparencia de su subordinado, el Sr. Carvajal Álvarez, que a todas luces y para vergüenza del Ministerio que ella dirige solo trata de encubrir al antiguo ministro, supongo que de su misma filiación política? Pues si tiene algo que decir, que lo diga ahora; y si no, que calle para siempre... salvo que a alguien le dé por hurgar judicialmente con este tema tan feo-feo y creo  –más bien espero–  que sin precedentes.

Les dejo, en primer lugar, con la Resolución del Ministerio de la Presidencia donde se explican los plazos...




 ... y ahora con la del Ministerio de Sanidad donde se me trata de tomar el pelo:






lunes, 19 de junio de 2017

Solidaridad y compañerismo, hermosas palabras

En estos momentos está teniendo lugar una gran movilización en las redes sociales y medios de comunicación para denunciar los expedientes disciplinarios que ha abierto su Colegio Profesional, CODEM, a dos enfermeras madrileñas. El enfermero-instructor del expediente considera que las enfermeras Alda Recas y Victoria Trujillo han cometido una "falta grave" por su conducta en la última Asamblea General del Colegio, en diciembre de 2016. Otros dos colegiados, Víctor Jiménez y David Verdegay han sido también expedientados y recorrerán el mismo camino, seguro. Hay que resaltar que estos expedientes se abren por exigencia del presidente del Consejo General de Enfermería.

La "grave falta" que cometieron fue cantar "Libertad sin ira" y silbar o abuchear al Presidente del Consejo General durante una Asamblea del Colegio. A Il Professore Dottore se le da de puta madre reclamarse autoridad y funcionario público cuando le conviene, pero convertirse en un "simple" colegiado con el honor mancillado cuando ve que de esa manera puede hacer daño.


El Colegio de Enfermería de Madrid lleva en manos del Sindicato de Enfermería-Satse desde 1995 (cito de memoria) y en los últimos años cogió una deriva delirante, con todo tipo de trampas, amaños e ilegalidades para protegerse de la movilización creciente en contra de sus oscuros tejemanejes económicos y a favor de una rendición de cuentas a los verdaderos propietarios del Colegio: los colegiados. Esta movilización la encabezó el sindicato Asociación Madrileña de Enfermería - AME, del cual Alda Recas y Victoria Trujillo son las cabezas más visibles. Se trata, por tanto, de un intento antidemocrático de descabezar a AME y ensañarse en el castigo personal para escarmentar y amedrentar al disidente.

Estas cuatro enfermeras pueden ser suspendidas de colegiación por tres meses, lo que equivale a no poder trabajar durante ese plazo; pero también pueden ser inhabilitadas por cinco años para el desempeño de cargos colegiales. Personalmente, creo que este es el propósito de CODEM, ya que en algún momento tendrá que celebrar, y no solo simularlas, elecciones libres, impidiendo presuntamente con esta repugnante maniobra que Alda y Victoria, que sin duda arrasarían en las elecciones si son limpias, se pudieran presentar.

Solidaridad es una hermosa palabra pero una práctica que exige algo de empatía y compromiso. Es fácil para mí empatizar y solidarizarme con ellos desde mi posición de querellado por ejercer mi libertad de expresión, querella en la cual el presidente del Consejo General de Enfermería, esta vez con el uniforme de funcionario público y autoridad, solicita que se me condene a dos años de cárcel y a pagar cerca de 30.000 euros de multa y por daños morales.

En usted, que lee esto  -y al que supongo no querellado ni expedientado-  será aún más meritorio expresar su solidaridad y si es enfermera o enfermero, además de solidaridad ejercitará otra hermosa fortalez moral: compañerismo. Le animo, pues, a que eche una mano; hoy en las redes sociales, mañana, si es enfermera de Madrid, probablemente con su voto y su movilización.

Muchas gracias.

a) Puede informarse en la página de Facebook de AME sobre los detalles del caso.

b) Puede firmar en Change.org para exigir el inmediato archivo de los expedientes y que cese esta política de acoso al disidente del CODEM.

c) A partir de las 19.00 horas (peninsulares; una menos en Canarias) del día 19 de junio, en Twitter y bajo el hashtag o etiqueta #ExpedienteEnfermeras, trataremos de demostrar a ALDA, VICTORIA, DAVID Y VÍCTOR que no están solos; y a los burócratas colegiales-sindicales que estamos aquí para evitar que les hagan daño. Puede colaborar poniendo comentarios bajo el hashtag o retuiteando lo que los demás pongamos.


viernes, 26 de mayo de 2017

Onanismo congresual

Como es bien sabido, el impostado presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo Il Dottore González Jurado es el directivo enfermero que más experiencia acumula de todo el orbe en congresos mundiales de la profesión, no en vano organizó también el de Madrid de 1993, así que este es su segundo. Y parece que no le fue nada mal en el primero (a él, quiero decir).
 
Pues bien, esta vez ha decidido que la mejor forma de celebrar rodeado de sus queridos súbditos la celebración del Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras, que mañana se inaugura en Barcelona, es una ceremonia delirante en la que hoy va a hacer entrega de la "Medalla de la Enfermería, en su categoría de Oro", nada menos que a todos los presidentes provinciales (reconocidos) de la organización colegial (46; hay otros seis apestados), más los miembros del Pleno (que no reúnen la anterior condición, supongo: otros ocho, si no he contado mal, entre los cuales están personajes tan insustituibles para la profesión como Pilar Fernández, Ovidio Céspedes, Diego Ayuso o José Luis Cobos).




No dudo de que entre todas estas 54 personas, haya alguna (¿seis, siete?) que se merezca específicamente la condecoración por su trabajo al frente de la corporación, pero la gran mayoría son una panda de pelotas descerebrados, sumisos y anodinos, señoritos de pueblo con ínfulas que nada han hecho por la profesión en los diez, veinte, treinta años que llevan encalomados en sus dietas chupópteras y en sus corruptelas extractivas. "Sus" colegiados, incluso los que miran sistemáticamente para otro lado para no meterse en líos, lo saben de sobra aunque se callen.




Estamos acostumbrados a la caspa de este tipo de celebraciones del Congreso del Mundo Mundial Enfermero. Pero si alguien con influencia tuviera un poco de juicio debería parar este tipo de vergonzosos actos onanistas. No solo, ni principalmente  -aunque ya sería causa suficiente-  porque sea una horterada: sobre todo porque cuesta un pastizal que sale exclusivamente, una vez más, de las cuotas de los colegiados y que debería emplearse en causas más importantes que sí les importan a las enfermeras, y mucho porque se trata de sus vidas y de su profesión.

Las presidentas y presidentes de los colegios que acudirán orgullosos a que el Emperador les corone deberían ocuparse de otras cosas, como bien ha dicho la Junta de Gobierno del Colegio de Baleares, que con enorme dignidad se ha negado a acudir a la costosa payasada:



Poco, o mejor nada, puedo añadir. Solo, que alguien debió haber parado esto. Y si ahí fuera queda alguien más con dignidad, que mande la medallita hortera de Il Dottore a tomar por saco. Por higiene democrática, siquiera. O si no, por autorrespeto ("autoqué?", pensarán muchos de ellos; no son los peores, solo los más hueros).

(O será que alguien quiere despedirse a lo grande? Chi lo sa...)

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PS.- Si alguien se ofende, le recomiendo que antes de burofaxes o querellas se lea los artículos 207 y 210 del Código Penal. Aquí se lo enlazo, de nada.


viernes, 12 de mayo de 2017

Las enfermeras también existen (y hoy es su día)

(Este escrito estaba planificado desde hace unas semanas para su publicación como tribuna de opinión en un medio de ámbito nacional coincidiendo con el día de la enfermera. Pero la “sugerencia” de ciertos cambios, no de estilo sino de contenido, que desvirtuaban la visión y opinión sostenidas, y mi negativa a aceptarlos han supuesto el veto a su publicación. No, por cierto, del propio medio, sino del colaborador externo que coordina las aportaciones en materia sanitaria).


Hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermera, en conmemoración de la comúnmente aceptada, aunque fácticamente dudosa, creadora de la profesión enfermera, Florence Nightingale. Por otro lado, dentro de dos semanas se inaugurará el Congreso Mundial de Enfermería,  que reunirá a miles de enfermeras  −está por ver cuántas de las 15.000 anunciadas de todo el mundo en Barcelona. Los medios no suelen prestar gran atención a la enfermería aun cuando es un tema interesante desde el punto de vista político, económico y sociológico; por eso, aprovechando esta doble coincidencia me han pedido unas breves reflexiones de interés general.

Durante décadas las enfermeras se enfrentaron en muchos países a una situación un tanto irritante: allí donde los médicos eran más reacios a instalarse, por ser zonas menos rentables o más inhóspitas, las consultas médicas eran atendidas por enfermeras adecuadamente preparadas para ello. Ese es por ejemplo el origen de las Nurse Practitioner, enfermeras de práctica avanzada, en EEUU.
Sin embargo, en zonas carentes de esos problemas las organizaciones médicas se negaban, respaldadas generalmente por los poderes públicos, a que las enfermeras en general pudieran realizar esas mismas tareas (además de las propias, claro), a pesar de que habían demostrado que podían hacerlo de manera eficaz, eficiente y prudente. Por eso hablo de “irritante”: o soy competente  −y puedo siempre, no solo cuando interesa− o no lo soy –y no puedo nunca, tampoco cuando convenga.
Hoy en día la situación ha cambiado radicalmente; en muchos países se acepta sin problemas que las enfermeras atiendan clínicas, consultas o centros geriátricos sin necesidad de supervisión médica; que prescriban y realicen pruebas diagnósticas, receten medicamentos o reemplacen en muchas de sus tareas a especialistas médicos, como psiquiatras, oncólogos o anestesistas.
Recorrer este camino no fue fácil. En primer lugar por resistencias internas: muchas organizaciones enfermeras denunciaban que explorar esa vía impropia de desarrollo profesional suponía poner en riesgo los “valores” o “esencias” enfermeros. Las resistencias, no obstante, se fueron aplacando al asumir que no se trataba de sustituir los roles tradicionales, sino de ampliar horizontes para miles de enfermeras que libremente decidían orientar su práctica hacia esos territorios más “biomédicos”. Lejos de su pretendida pureza uniformadora original, la de enfermería es, y lo va a ser cada vez más, una profesión “mestiza”, muy heterogénea. Y al lado de sus roles más tradicionales irán abriéndose nuevas vías de práctica en territorios como la salud pública, la atención en la comunidad, la gestión clínica, etc.
En segundo lugar por la natural hostilidad y resistencia del lobby médico, pero esto se combatió de la manera más simple, lo que no quiere decir más fácil: mediante la construcción de un lobby enfermero capaz de pelear cuerpo a cuerpo en el despiadado ecosistema profesional sanitario, de influir más decisivamente sobre los reguladores y de ganar la batalla más decisiva, la de la opinión pública: que te acepten como proveedor confiable. Por eso, como escribió hace un par de años el economista Uwe E. Reinhardt, «The doctors are fighting a losing battle. The nurses are like insurgents. They are occasionally beaten back, but they’ll win in the long run. They have economics and common sense on their side» (Los médicos están peleando una batalla perdida. Las enfermeras son como insurgentes. A veces puedes golpearlas, pero en el largo plazo ganarán. Tienen la economía y el sentido común de su parte).
¿Y con la enfermería española, qué pasa? Buena, conveniente e interesante pregunta.
Entre 1977, año en que la formación de las enfermeras se convirtió en universitaria, y 1987, en el que se aprobaron legalmente las especialidades oficiales por el sistema médico de residencia, la enfermería española vivió su verdadero decenio de oro: acceso a los cuerpos docentes universitarios y decanatos; formación a cargo básicamente de enfermeras; direcciones de enfermería en los hospitales; consultas propias en atención primaria; sindicato profesional bien implantado; notables incrementos salariales...
En definitiva, se consiguieron muchas de las principales reivindicaciones de una profesión que el ministro Ernest Lluch utilizó como contrapoder joven, femenino y progresista frente al predominio de unas élites médicas filofranquistas y consentidas, sumamente hostiles frente a cualquier intento de reforma del statu quo.
Todo iba viento en popa hasta que llegó el gran frenazo.
En los últimos 30 años, solo una de las reivindicaciones históricas de las enfermeras, el segundo ciclo universitario, puede considerarse satisfecha. Y además no fue un logro de las élites enfermeras, aunque se haya querido vender así con una cierta desvergüenza, sino la derivada lineal de la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior (“Bolonia”).
Del resto (especialidades; prescripción enfermera; rol directivo en gestión clínica; centralidad en la atención a la cronicidad; competencias de práctica avanzada; carrera profesional; stock y ratios de enfermería; capacidad de influencia política…), nada se ha culminado satisfactoriamente para la profesión.
Por no hablar de una extraordinariaprecarización del mercado de trabajo, especialmente en el sector público, que afecta de manera más intensa a la enfermería por el carácter generalista de su formación.
Hay que reconocer que las enfermeras españolas han progresado mucho durante todo este tiempo, no solo ampliando sus roles asistenciales, también en la docencia y la investigación, con cientos de doctoras y miles de especialistas. Han asumido liderazgos potentes en continuidad de cuidados o atención a crónicos en algunos servicios de salud. La ciudadanía expresa en las encuestas un gran depósito de confianza. Y en general se han ganado día a día el respeto de los médicos y otros profesionales (excepto los que han decidido mantenerse en La Caverna). Pero en puridad se trata de un avance, y de un esfuerzo, de las enfermeras, no de la Enfermería.
Parafraseando al Zavalita de Conversación en la Catedral: «¿En qué momento se nos jodió la enfermería?». Mi respuesta: cuando para reguladores y gestores se convirtió en una suerte de navaja suiza que vale lo mismo para un roto que para un descosido. Mano de obra barata, competente, disciplinada y versátil. Porque un rasgo peculiar y paradójico de esta profesión, al menos en España, es que algunas de sus principales fortalezas (versatilidad, capacidad de gestión y coordinación de recursos, compromiso, resiliencia...) se acaban convirtiendo en debilidades al ser aprovechadas por los gestores y otras profesiones en beneficio propio.
¿Y por qué se permitió y se sigue permitiendo esto? Simplificando mucho, porque las élites enfermeras de la transición mujeres progresistas, reivindicativas, implicadas e intelectuales: la enfermería cosmopolitase refugiaron en la universidad y fueron sustituidas en las instituciones corporativas por hombres conservadores, pactistas y utilitarios la enfermería profunda, conformando unas estructuras corporativas «extremadamente personalistas, gerontocráticas y masculinizadas, muy mercantilistas y opacas, donde los intereses personales y corporativos se entreveran y a veces son indistinguibles, ante el desdén inconsciente, aunque no incomprensible, del grueso de la profesión, obligada a permanecer colegiada y abonar religiosamente sus cuotas».
Ahí siguen, después de 30 años. Unas élites extractivas y unas bases profesionales indiferentes. Pero diríase que algo está cambiando estos últimos años, con grupos de enfermeras activistas pro reforma de la organización colegial cada vez más numerosos que han impulsado potentes campañas en redes sociales, así como numerosas denuncias judiciales contra la corrupción y las tramas; unos medios de comunicación más alerta y receptivos; y unas élites más débiles y nerviosas, que no hacen, con su torpeza  querellas, expedientes, intentos de toma de los colegios disidentes y amparo de los apaños de los afines, trampas legales para sortear las leyes y sentencias y falsear la voluntad de los colegiados en asambleas fraudulentas...–,  sino tensar al extremo una cuerda a punto de romperse y reforzar al enemigo.

Feliz día, coraje y suerte.


jueves, 20 de abril de 2017

"In vigilando"




I. Los de dentro.

Dicho de manera extremadamente resumida, puesto que es suficientemente conocido para quienes suelen asomarse a esta bitácora, los colegios oficiales de enfermería españoles, existentes como tales desde 1978, han tenido una existencia muy agitada en la que difícilmente se ha podido tener una vida interna relajada, constructiva y proyectada hacia el futuro. No ha sido especialmente por circunstancias del entorno exterior (aunque es cierto que este no ha sabido siempre acompañar a la Enfermería en su crecimiento emancipatorio) sino lamentablemente por la intención, por parte de una élite autocrática y desprofesionalizada, de imponer sus criterios, decisiones e intereses al conjunto de la organización colegial.

Las dinámicas perversas que se generaron como consecuencia han dejado una organización colegial fracturada, con una sólida mayoría, es cierto, de colegios aliados a esa élite que decidieron jugar su juego y beneficiarse de él (y seguirán su misma suerte); unos pocos colegios desaparecidos, con un perfil deliberadamente bajo; y un pequeño puñado de colegios manifiestamente disidentes de estas políticas y actuaciones de la élite gobernante, lo que les ha condenado a una existencia convulsa, absolutamente judicializada y sometida a las malas artes políticas y los inagotables recursos financieros de la élite en el poder.

Todas estas “guerras internas”, aunque provocadas de manera perfectamente deliberada y planificada por solo una parte, trajeron rápidamente como consecuencia la desmovilización primero, y la plena desafección después, de la inmensa mayoría de los colegiados con respecto a la vida colegial, traducida sistemáticamente en porcentajes de asistencia ridículos a las asambleas o juntas generales donde se deciden los aspectos más importantes de la vida colegial, como la aprobación de las cuentas y los presupuestos generales. Por otro lado, los amaños electorales y los recursos judiciales −manipuladores o defensivos−  ante los procesos electorales colegiales (empezando por los del propio Consejo General, que lleva desde 2001 sin una sola Presidencia validada en firme por los tribunales) acabaron por alejar masivamente a los colegiados, también de los procesos electorales.

En consecuencia, se produjo rápidamente un deterioro dramático del principal principio legitimador de las corporaciones profesionales: la democracia colegial, intrínseca a este tipo de asociaciones de pares. Simplemente, no hay colegios en los cuales (sin artificios, amaños o circunstancias excepcionales) acudan a las asambleas o juntas generales más del 1%-2% de sus colegiados. Ni en los que acuda a votar, cuando se tercia, más del 10% del censo.

Por eso en la gran mayoría de los casos, a los procesos electorales para elegir a los equipos directivos solo acude una candidatura: la oficialista. En ocasiones, como es bien conocido, porque nadie se entera de la convocatoria más que cuando ya ha caducado y se ha renovado el mandato de los delincuentes habituales (el "método del notario"). Pero incluso cuando el proceso electoral es limpio y publicitado, lo normal es que no haya candidaturas alternativas: debido a la “indiferencia mortal” o “apatía”,  de la que hablaba Wright-Mills; a que el personal más inquieto ha escarmentado en cabeza colegial ajena; o simplemente a que es difícil acceder a sacrificar tu vida sabiendo que es muy poco lo que realmente se puede cambiar a mejor en este ecosistema en el que es el lobo quien cuida a las ovejas ante la mirada paternal y permisiva de gobiernos e instituciones de todo pelaje político.

Ello se traduce sistemáticamente en una extraordinaria anemia democrática que no justifica en este momento la existencia de estos colegios como corporaciones de derecho público para la auto-organización de los profesionales, dado que se acaban convirtiendo en clubes privados, selectos desde luego, que no deberían tener en pleno Siglo XXI el respaldo de la ley y de los gobiernos. Si hacen falta los colegios, se trata sin duda de otros colegios, no de esta jungla envenenada. Por mucho empeño que pongan algunos directivos honestos y abnegados que no se han pasado al lado oscuro de la fuerza y han sabido permanecer en el lado de la ley y de la ética.

Como condición sine qua non para el éxito de estos tejemanejes (porque siempre hay cuatro o cinco tocapelotas que insisten cada año en ir a la asamblea y te preguntan cosas incómodas, realmente difíciles de responder con verdades sin tener que ir luego a los juzgados a entregarte), se teje una red de opacidad que solo puede justificarse porque explicar el destino verdadero de los fondos significaría evidenciar que en ciertas corporaciones profesionales el poder ha sido tomado por verdaderos gánsteres.

Por eso la inmensa mayoría de los colegiados ya no percibe a los colegios como sus colegios. Pedirles a estas alturas, pues, que se impliquen y defiendan algo que no asumen como suyo es irreal (y culparlos de la situación, simplemente un chiste), aunque permanezcan unos cuantos quijotes que siguen en esta lucha. Larga vida a gente tan necesaria.

Este catastrófico deterioro de una institución tan importante, reconocida singularizadamente en la Constitución Española (art. 36) para diferenciarla del resto de asociaciones privadas, es plena y conscientemente consentido por las administraciones públicas, probablemente para «no meterse en líos»: permitir estos desmanes en instituciones anacrónicas tan desligadas de la vida de la gente no quita votos; tocarle las narices al poderoso lobby profesional... mejor no tentar a la suerte.


II. Los de fuera.

Nadie (con autoridad) parece que tenga nada que decir, menos aún que hacer, ante esta intolerable prostitución de las instituciones democráticas. ¿Será que lo ignoran? A estas alturas del partido no parece muy probable salvo que seas imbécil (que todo puede ser). Pero en todo caso, si aún quedan responsables políticos que realmente ignoran este esperpento, desde la modestia de este medio les pido que se informen. Yo mismo me ofrezco a informar y documentar gratis et amore dentro de mis modestas posibilidades (y de mi interesante fondo documental).

Y como no hay peor ciego que el que prefiere no mirar para poder decir «yo no vi nada», el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), última esperanza de aquellos administrados que se desesperan ante la connivencia de los supuestos defensores del Estado de Derecho con sus pervertidores, repite en sus resoluciones como un papagayo una jurisprudencia del Tribunal Supremo (anterior a la aprobación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por cierto) que le sirve como al borracho la farola: no para iluminarse, sino para agarrarse. A pesar de que se le ha advertido de que el Consejo General y la gran mayoría de los colegios (de enfermería, me refiero ahora, ignoro sobre el grado de distrofia en otras profesiones) están en situación de insumisión legal, ya que se niegan a acatar la ley (mejor dicho, las leyes):
  • Por un lado, se niegan a acatar la ley de colegios profesionales, que les obliga desde 2010 a publicar una Memoria Anual detallando información relevante (no solo referida a su faceta de corporación pública o "derecho administrativo", señora Arizmendi; vea el cuadro algo más abajo), y hacerla accesible a través de la web. Cuando los colegiados exigen esa información que las corporaciones profesionales están obligados a proporcionar proactivamente por ley, el Consejo General y los colegios se la deniegan; y cuando se reclama al CTBG, este echa balones fuera y se apoya en la farola de la ley de transparencia… que en este caso resulta de carácter supletorio frente a la de colegios profesionales, al menos en cuanto a la información que deberían publicar anualmente Consejo y colegios en virtud de su propia regulación sectorial. Obligación legal que increíblemente se les permite que se pasen por el arco del triunfo y solo deja un mensaje algo más que subliminal: «saque usted del banco sus ahorros, si los tiene, contrate letrado y procurador y váyase a los tribunales (pringao)». 

  • Pero es que además se niegan a acatar y obedecer… la propia ley de transparencia. Muy especialmente el Capítulo II del Título I, denominado “Publicidad activa”, que obliga a Consejo y colegios a hacer pública («como mínimo») una abundante información económica, presupuestaria y estadística (art. 8) «relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria». Siquiera, en el caso de estas corporaciones públicas, "solo" en lo relativo a sus «actividades sujetas a Derecho Administrativo»… que no son pocas ni secundarias. Algo que tampoco hacen, con la connivencia de nuevo de un decepcionante CTBG que en un principio despertó tantas esperanzas, hasta que se encontró con un lobby con el que probablemente no contaba. Pida usted, señora Arizmendi, que sus técnicos buceen por las procelosas aguas de las webs colegiales enfermeras a ver si encuentra usted, siquiera un sutil rastro o aroma de publicidad activa en el 90% de ellas. Empezando por las del propio Consejo General.



III. Lo más alucinante de todo esto es que no pasa nada. Nada.

¿Unas instituciones (públicas cuando interesa; privadas cuando más conviene) que gozan de la prerrogativa legal de obligar a cientos de miles de profesionales a colegiarse y abonar las cuotas que engrasan sus maquinarias no son controladas por los poderes públicos? ¿No existen, como en cualquier democracia adulta, contrapoderes que eviten la perversión de los fundamentos del Estado de Derecho y de la obligación constitucional de las corporaciones profesionales a tener un «funcionamiento interno democrático»?

Porque tal vez en otros sectores profesionales todo funcione como la seda y esta prerrogativa de auto-organización sea positiva para profesionales, administraciones y ciudadanos −dudo de que sea la norma, por eso admiro tanto a los que parece que lo logran−. Pero está claro que existe la posibilidad de que se adueñe de estas instituciones gente sin escrúpulos (¡ya es mala suerte que hayan caído tantos de este lado!), pero resulta que ninguna administración pública, ningún gobierno, ningún consejo de transparencia, ni siquiera ningún partido político o sindicato sirven de contrapoder efectivo contra estas situaciones de malversación de la democracia y de los caudales públicos.


IV. ¿«Caudales públicos»? Sí

 El Tribunal Supremo está harto de decir que tienen carácter de fondos, efectos o caudales públicos no solo «los dineros de titularidad estatal, autonómica, local o de institutos autónomos», sino también «los depositados por particulares en entidades públicas» (entre otras, SSTS 5-2-93, 13-11-02 y 18-9-06).

Parece innecesario a estas alturas volver a recordar que los colegios (y consejos de colegios) son «corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines». Es decir, que forman parte de esas «entidades públicas» a las que se refiere el Supremo. Por tanto, los fondos depositados por particulares (colegiados) en estas corporaciones de derecho público tienen el carácter de caudales públicos y por tanto entra dentro del espíritu y la letra (art. 13) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la obligación de explicar el destino de hasta el último euro. Y no solo a los colegiados, sino a cualquier ciudadano, sin más limitaciones que las tasadas en la propia ley (art. 14 y 15).


V. "In vigilando"

Si usted que está leyendo esto −y ese es el propósito último de este concreto escrito− es un representante político con cierta capacidad ejecutiva o un servidor público con cierta influencia ante los anteriores, solo le pido que se documente, si es que realmente «no tenía ni idea de esto que usted me cuenta». Y una vez que compruebe que su inocencia democrática ha podido llegar a ser pervertida hasta estos extremos inauditos, que mueva ficha y haga algo dentro del límite real de sus posibilidades.

Y si por el contrario está, como supongo en la mayoría de los casos, solo tuerto de un ojo y «mire usté, algo de esto... ya me suena», vaya con cuidado: hoy es un buen día para recordarle que a los malos siempre los trincan antes o después y que una vez que se encuentran en situaciones “tensas” tienden a largar de lo lindo. Y algunos intentaremos con todas nuestras fuerzas que entonces se les pueda preguntar: «¿quiénes, exactamente, estaban al tanto de todo esto y lo toleraron mirando para otro lado?».

Preguntaremos, por ejemplo, quién estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el Colegio de Enfermería de Madrid. Cuesta creer que el Consejero de Sanidad, enfermero a la par que médico, miembro él mismo de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería en sus años mozos, y que acaba de condecorar al presidente de esta institución como prócer y ciudadano ejemplar, orgullo de la Comunidad, no esté al cabo de la calle de las fechorías que se están relatando y documentando casi a diario en el colegio de su ramo (Sanidad), su co-profesión (Enfermería) y su ámbito (Madrid).

La pregunta de la certeza (Schutz) que habrá que hacer cuando todo esto devengue la sanción social y jurídica que merece es la siguiente: ¿cómo fue posible que esto pasara durante tantos años y nadie con autoridad política o administrativa dijera nada?¿Cómo es posible que la democracia carezca de contrapoderes efectivos cuando grupos de interés organizados −que en términos puramente sociológicos podríamos denominarlos mafias−  consiguen apropiarse de lo público en beneficio propio?

Sí, sin duda parte de la culpa la tienen los profesionales que han permitido que estas mafias se adueñen de sus instituciones y las conviertan en su cortijo. Pero, como dije ayer, esta apatía no es tanto la causa como el efecto de la podredumbre.

Por eso la culpa "in eligendo" de "los de dentro" no es nada comparable con la culpa "in vigilando" de "los de fuera", ese mirar para otro lado para poder decir «yo no he visto nada» que están exhibiendo todas las administraciones e instituciones ética y legalmente implicadas en esta gran perversión consentida de la democracia y el Estado de Derecho.