lunes, 19 de junio de 2017

Solidaridad y compañerismo, hermosas palabras

En estos momentos está teniendo lugar una gran movilización en las redes sociales y medios de comunicación para denunciar los expedientes disciplinarios que ha abierto su Colegio Profesional, CODEM, a dos enfermeras madrileñas. El enfermero-instructor del expediente considera que las enfermeras Alda Recas y Victoria Trujillo han cometido una "falta grave" por su conducta en la última Asamblea General del Colegio, en diciembre de 2016. Otros dos colegiados, Víctor Jiménez y David Verdegay han sido también expedientados y recorrerán el mismo camino, seguro. Hay que resaltar que estos expedientes se abren por exigencia del presidente del Consejo General de Enfermería.

La "grave falta" que cometieron fue cantar "Libertad sin ira" y silbar o abuchear al Presidente del Consejo General durante una Asamblea del Colegio. A Il Professore Dottore se le da de puta madre reclamarse autoridad y funcionario público cuando le conviene, pero convertirse en un "simple" colegiado con el honor mancillado cuando ve que de esa manera puede hacer daño.


El Colegio de Enfermería de Madrid lleva en manos del Sindicato de Enfermería-Satse desde 1995 (cito de memoria) y en los últimos años cogió una deriva delirante, con todo tipo de trampas, amaños e ilegalidades para protegerse de la movilización creciente en contra de sus oscuros tejemanejes económicos y a favor de una rendición de cuentas a los verdaderos propietarios del Colegio: los colegiados. Esta movilización la encabezó el sindicato Asociación Madrileña de Enfermería - AME, del cual Alda Recas y Victoria Trujillo son las cabezas más visibles. Se trata, por tanto, de un intento antidemocrático de descabezar a AME y ensañarse en el castigo personal para escarmentar y amedrentar al disidente.

Estas cuatro enfermeras pueden ser suspendidas de colegiación por tres meses, lo que equivale a no poder trabajar durante ese plazo; pero también pueden ser inhabilitadas por cinco años para el desempeño de cargos colegiales. Personalmente, creo que este es el propósito de CODEM, ya que en algún momento tendrá que celebrar, y no solo simularlas, elecciones libres, impidiendo presuntamente con esta repugnante maniobra que Alda y Victoria, que sin duda arrasarían en las elecciones si son limpias, se pudieran presentar.

Solidaridad es una hermosa palabra pero una práctica que exige algo de empatía y compromiso. Es fácil para mí empatizar y solidarizarme con ellos desde mi posición de querellado por ejercer mi libertad de expresión, querella en la cual el presidente del Consejo General de Enfermería, esta vez con el uniforme de funcionario público y autoridad, solicita que se me condene a dos años de cárcel y a pagar cerca de 30.000 euros de multa y por daños morales.

En usted, que lee esto  -y al que supongo no querellado ni expedientado-  será aún más meritorio expresar su solidaridad y si es enfermera o enfermero, además de solidaridad ejercitará otra hermosa fortalez moral: compañerismo. Le animo, pues, a que eche una mano; hoy en las redes sociales, mañana, si es enfermera de Madrid, probablemente con su voto y su movilización.

Muchas gracias.

a) Puede informarse en la página de Facebook de AME sobre los detalles del caso.

b) Puede firmar en Change.org para exigir el inmediato archivo de los expedientes y que cese esta política de acoso al disidente del CODEM.

c) A partir de las 19.00 horas (peninsulares; una menos en Canarias) del día 19 de junio, en Twitter y bajo el hashtag o etiqueta #ExpedienteEnfermeras, trataremos de demostrar a ALDA, VICTORIA, DAVID Y VÍCTOR que no están solos; y a los burócratas colegiales-sindicales que estamos aquí para evitar que les hagan daño. Puede colaborar poniendo comentarios bajo el hashtag o retuiteando lo que los demás pongamos.


viernes, 26 de mayo de 2017

Onanismo congresual

Como es bien sabido, el impostado presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo Il Dottore González Jurado es el directivo enfermero que más experiencia acumula de todo el orbe en congresos mundiales de la profesión, no en vano organizó también el de Madrid de 1993, así que este es su segundo. Y parece que no le fue nada mal en el primero (a él, quiero decir).
 
Pues bien, esta vez ha decidido que la mejor forma de celebrar rodeado de sus queridos súbditos la celebración del Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras, que mañana se inaugura en Barcelona, es una ceremonia delirante en la que hoy va a hacer entrega de la "Medalla de la Enfermería, en su categoría de Oro", nada menos que a todos los presidentes provinciales (reconocidos) de la organización colegial (46; hay otros seis apestados), más los miembros del Pleno (que no reúnen la anterior condición, supongo: otros ocho, si no he contado mal, entre los cuales están personajes tan insustituibles para la profesión como Pilar Fernández, Ovidio Céspedes, Diego Ayuso o José Luis Cobos).




No dudo de que entre todas estas 54 personas, haya alguna (¿seis, siete?) que se merezca específicamente la condecoración por su trabajo al frente de la corporación, pero la gran mayoría son una panda de pelotas descerebrados, sumisos y anodinos, señoritos de pueblo con ínfulas que nada han hecho por la profesión en los diez, veinte, treinta años que llevan encalomados en sus dietas chupópteras y en sus corruptelas extractivas. "Sus" colegiados, incluso los que miran sistemáticamente para otro lado para no meterse en líos, lo saben de sobra aunque se callen.




Estamos acostumbrados a la caspa de este tipo de celebraciones del Congreso del Mundo Mundial Enfermero. Pero si alguien con influencia tuviera un poco de juicio debería parar este tipo de vergonzosos actos onanistas. No solo, ni principalmente  -aunque ya sería causa suficiente-  porque sea una horterada: sobre todo porque cuesta un pastizal que sale exclusivamente, una vez más, de las cuotas de los colegiados y que debería emplearse en causas más importantes que sí les importan a las enfermeras, y mucho porque se trata de sus vidas y de su profesión.

Las presidentas y presidentes de los colegios que acudirán orgullosos a que el Emperador les corone deberían ocuparse de otras cosas, como bien ha dicho la Junta de Gobierno del Colegio de Baleares, que con enorme dignidad se ha negado a acudir a la costosa payasada:



Poco, o mejor nada, puedo añadir. Solo, que alguien debió haber parado esto. Y si ahí fuera queda alguien más con dignidad, que mande la medallita hortera de Il Dottore a tomar por saco. Por higiene democrática, siquiera. O si no, por autorrespeto ("autoqué?", pensarán muchos de ellos; no son los peores, solo los más hueros).

(O será que alguien quiere despedirse a lo grande? Chi lo sa...)

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PS.- Si alguien se ofende, le recomiendo que antes de burofaxes o querellas se lea los artículos 207 y 210 del Código Penal. Aquí se lo enlazo, de nada.


viernes, 12 de mayo de 2017

Las enfermeras también existen (y hoy es su día)

(Este escrito estaba planificado desde hace unas semanas para su publicación como tribuna de opinión en un medio de ámbito nacional coincidiendo con el día de la enfermera. Pero la “sugerencia” de ciertos cambios, no de estilo sino de contenido, que desvirtuaban la visión y opinión sostenidas, y mi negativa a aceptarlos han supuesto el veto a su publicación. No, por cierto, del propio medio, sino del colaborador externo que coordina las aportaciones en materia sanitaria).


Hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermera, en conmemoración de la comúnmente aceptada, aunque fácticamente dudosa, creadora de la profesión enfermera, Florence Nightingale. Por otro lado, dentro de dos semanas se inaugurará el Congreso Mundial de Enfermería,  que reunirá a miles de enfermeras  −está por ver cuántas de las 15.000 anunciadas de todo el mundo en Barcelona. Los medios no suelen prestar gran atención a la enfermería aun cuando es un tema interesante desde el punto de vista político, económico y sociológico; por eso, aprovechando esta doble coincidencia me han pedido unas breves reflexiones de interés general.

Durante décadas las enfermeras se enfrentaron en muchos países a una situación un tanto irritante: allí donde los médicos eran más reacios a instalarse, por ser zonas menos rentables o más inhóspitas, las consultas médicas eran atendidas por enfermeras adecuadamente preparadas para ello. Ese es por ejemplo el origen de las Nurse Practitioner, enfermeras de práctica avanzada, en EEUU.
Sin embargo, en zonas carentes de esos problemas las organizaciones médicas se negaban, respaldadas generalmente por los poderes públicos, a que las enfermeras en general pudieran realizar esas mismas tareas (además de las propias, claro), a pesar de que habían demostrado que podían hacerlo de manera eficaz, eficiente y prudente. Por eso hablo de “irritante”: o soy competente  −y puedo siempre, no solo cuando interesa− o no lo soy –y no puedo nunca, tampoco cuando convenga.
Hoy en día la situación ha cambiado radicalmente; en muchos países se acepta sin problemas que las enfermeras atiendan clínicas, consultas o centros geriátricos sin necesidad de supervisión médica; que prescriban y realicen pruebas diagnósticas, receten medicamentos o reemplacen en muchas de sus tareas a especialistas médicos, como psiquiatras, oncólogos o anestesistas.
Recorrer este camino no fue fácil. En primer lugar por resistencias internas: muchas organizaciones enfermeras denunciaban que explorar esa vía impropia de desarrollo profesional suponía poner en riesgo los “valores” o “esencias” enfermeros. Las resistencias, no obstante, se fueron aplacando al asumir que no se trataba de sustituir los roles tradicionales, sino de ampliar horizontes para miles de enfermeras que libremente decidían orientar su práctica hacia esos territorios más “biomédicos”. Lejos de su pretendida pureza uniformadora original, la de enfermería es, y lo va a ser cada vez más, una profesión “mestiza”, muy heterogénea. Y al lado de sus roles más tradicionales irán abriéndose nuevas vías de práctica en territorios como la salud pública, la atención en la comunidad, la gestión clínica, etc.
En segundo lugar por la natural hostilidad y resistencia del lobby médico, pero esto se combatió de la manera más simple, lo que no quiere decir más fácil: mediante la construcción de un lobby enfermero capaz de pelear cuerpo a cuerpo en el despiadado ecosistema profesional sanitario, de influir más decisivamente sobre los reguladores y de ganar la batalla más decisiva, la de la opinión pública: que te acepten como proveedor confiable. Por eso, como escribió hace un par de años el economista Uwe E. Reinhardt, «The doctors are fighting a losing battle. The nurses are like insurgents. They are occasionally beaten back, but they’ll win in the long run. They have economics and common sense on their side» (Los médicos están peleando una batalla perdida. Las enfermeras son como insurgentes. A veces puedes golpearlas, pero en el largo plazo ganarán. Tienen la economía y el sentido común de su parte).
¿Y con la enfermería española, qué pasa? Buena, conveniente e interesante pregunta.
Entre 1977, año en que la formación de las enfermeras se convirtió en universitaria, y 1987, en el que se aprobaron legalmente las especialidades oficiales por el sistema médico de residencia, la enfermería española vivió su verdadero decenio de oro: acceso a los cuerpos docentes universitarios y decanatos; formación a cargo básicamente de enfermeras; direcciones de enfermería en los hospitales; consultas propias en atención primaria; sindicato profesional bien implantado; notables incrementos salariales...
En definitiva, se consiguieron muchas de las principales reivindicaciones de una profesión que el ministro Ernest Lluch utilizó como contrapoder joven, femenino y progresista frente al predominio de unas élites médicas filofranquistas y consentidas, sumamente hostiles frente a cualquier intento de reforma del statu quo.
Todo iba viento en popa hasta que llegó el gran frenazo.
En los últimos 30 años, solo una de las reivindicaciones históricas de las enfermeras, el segundo ciclo universitario, puede considerarse satisfecha. Y además no fue un logro de las élites enfermeras, aunque se haya querido vender así con una cierta desvergüenza, sino la derivada lineal de la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior (“Bolonia”).
Del resto (especialidades; prescripción enfermera; rol directivo en gestión clínica; centralidad en la atención a la cronicidad; competencias de práctica avanzada; carrera profesional; stock y ratios de enfermería; capacidad de influencia política…), nada se ha culminado satisfactoriamente para la profesión.
Por no hablar de una extraordinariaprecarización del mercado de trabajo, especialmente en el sector público, que afecta de manera más intensa a la enfermería por el carácter generalista de su formación.
Hay que reconocer que las enfermeras españolas han progresado mucho durante todo este tiempo, no solo ampliando sus roles asistenciales, también en la docencia y la investigación, con cientos de doctoras y miles de especialistas. Han asumido liderazgos potentes en continuidad de cuidados o atención a crónicos en algunos servicios de salud. La ciudadanía expresa en las encuestas un gran depósito de confianza. Y en general se han ganado día a día el respeto de los médicos y otros profesionales (excepto los que han decidido mantenerse en La Caverna). Pero en puridad se trata de un avance, y de un esfuerzo, de las enfermeras, no de la Enfermería.
Parafraseando al Zavalita de Conversación en la Catedral: «¿En qué momento se nos jodió la enfermería?». Mi respuesta: cuando para reguladores y gestores se convirtió en una suerte de navaja suiza que vale lo mismo para un roto que para un descosido. Mano de obra barata, competente, disciplinada y versátil. Porque un rasgo peculiar y paradójico de esta profesión, al menos en España, es que algunas de sus principales fortalezas (versatilidad, capacidad de gestión y coordinación de recursos, compromiso, resiliencia...) se acaban convirtiendo en debilidades al ser aprovechadas por los gestores y otras profesiones en beneficio propio.
¿Y por qué se permitió y se sigue permitiendo esto? Simplificando mucho, porque las élites enfermeras de la transición mujeres progresistas, reivindicativas, implicadas e intelectuales: la enfermería cosmopolitase refugiaron en la universidad y fueron sustituidas en las instituciones corporativas por hombres conservadores, pactistas y utilitarios la enfermería profunda, conformando unas estructuras corporativas «extremadamente personalistas, gerontocráticas y masculinizadas, muy mercantilistas y opacas, donde los intereses personales y corporativos se entreveran y a veces son indistinguibles, ante el desdén inconsciente, aunque no incomprensible, del grueso de la profesión, obligada a permanecer colegiada y abonar religiosamente sus cuotas».
Ahí siguen, después de 30 años. Unas élites extractivas y unas bases profesionales indiferentes. Pero diríase que algo está cambiando estos últimos años, con grupos de enfermeras activistas pro reforma de la organización colegial cada vez más numerosos que han impulsado potentes campañas en redes sociales, así como numerosas denuncias judiciales contra la corrupción y las tramas; unos medios de comunicación más alerta y receptivos; y unas élites más débiles y nerviosas, que no hacen, con su torpeza  querellas, expedientes, intentos de toma de los colegios disidentes y amparo de los apaños de los afines, trampas legales para sortear las leyes y sentencias y falsear la voluntad de los colegiados en asambleas fraudulentas...–,  sino tensar al extremo una cuerda a punto de romperse y reforzar al enemigo.

Feliz día, coraje y suerte.


jueves, 20 de abril de 2017

"In vigilando"




I. Los de dentro.

Dicho de manera extremadamente resumida, puesto que es suficientemente conocido para quienes suelen asomarse a esta bitácora, los colegios oficiales de enfermería españoles, existentes como tales desde 1978, han tenido una existencia muy agitada en la que difícilmente se ha podido tener una vida interna relajada, constructiva y proyectada hacia el futuro. No ha sido especialmente por circunstancias del entorno exterior (aunque es cierto que este no ha sabido siempre acompañar a la Enfermería en su crecimiento emancipatorio) sino lamentablemente por la intención, por parte de una élite autocrática y desprofesionalizada, de imponer sus criterios, decisiones e intereses al conjunto de la organización colegial.

Las dinámicas perversas que se generaron como consecuencia han dejado una organización colegial fracturada, con una sólida mayoría, es cierto, de colegios aliados a esa élite que decidieron jugar su juego y beneficiarse de él (y seguirán su misma suerte); unos pocos colegios desaparecidos, con un perfil deliberadamente bajo; y un pequeño puñado de colegios manifiestamente disidentes de estas políticas y actuaciones de la élite gobernante, lo que les ha condenado a una existencia convulsa, absolutamente judicializada y sometida a las malas artes políticas y los inagotables recursos financieros de la élite en el poder.

Todas estas “guerras internas”, aunque provocadas de manera perfectamente deliberada y planificada por solo una parte, trajeron rápidamente como consecuencia la desmovilización primero, y la plena desafección después, de la inmensa mayoría de los colegiados con respecto a la vida colegial, traducida sistemáticamente en porcentajes de asistencia ridículos a las asambleas o juntas generales donde se deciden los aspectos más importantes de la vida colegial, como la aprobación de las cuentas y los presupuestos generales. Por otro lado, los amaños electorales y los recursos judiciales −manipuladores o defensivos−  ante los procesos electorales colegiales (empezando por los del propio Consejo General, que lleva desde 2001 sin una sola Presidencia validada en firme por los tribunales) acabaron por alejar masivamente a los colegiados, también de los procesos electorales.

En consecuencia, se produjo rápidamente un deterioro dramático del principal principio legitimador de las corporaciones profesionales: la democracia colegial, intrínseca a este tipo de asociaciones de pares. Simplemente, no hay colegios en los cuales (sin artificios, amaños o circunstancias excepcionales) acudan a las asambleas o juntas generales más del 1%-2% de sus colegiados. Ni en los que acuda a votar, cuando se tercia, más del 10% del censo.

Por eso en la gran mayoría de los casos, a los procesos electorales para elegir a los equipos directivos solo acude una candidatura: la oficialista. En ocasiones, como es bien conocido, porque nadie se entera de la convocatoria más que cuando ya ha caducado y se ha renovado el mandato de los delincuentes habituales (el "método del notario"). Pero incluso cuando el proceso electoral es limpio y publicitado, lo normal es que no haya candidaturas alternativas: debido a la “indiferencia mortal” o “apatía”,  de la que hablaba Wright-Mills; a que el personal más inquieto ha escarmentado en cabeza colegial ajena; o simplemente a que es difícil acceder a sacrificar tu vida sabiendo que es muy poco lo que realmente se puede cambiar a mejor en este ecosistema en el que es el lobo quien cuida a las ovejas ante la mirada paternal y permisiva de gobiernos e instituciones de todo pelaje político.

Ello se traduce sistemáticamente en una extraordinaria anemia democrática que no justifica en este momento la existencia de estos colegios como corporaciones de derecho público para la auto-organización de los profesionales, dado que se acaban convirtiendo en clubes privados, selectos desde luego, que no deberían tener en pleno Siglo XXI el respaldo de la ley y de los gobiernos. Si hacen falta los colegios, se trata sin duda de otros colegios, no de esta jungla envenenada. Por mucho empeño que pongan algunos directivos honestos y abnegados que no se han pasado al lado oscuro de la fuerza y han sabido permanecer en el lado de la ley y de la ética.

Como condición sine qua non para el éxito de estos tejemanejes (porque siempre hay cuatro o cinco tocapelotas que insisten cada año en ir a la asamblea y te preguntan cosas incómodas, realmente difíciles de responder con verdades sin tener que ir luego a los juzgados a entregarte), se teje una red de opacidad que solo puede justificarse porque explicar el destino verdadero de los fondos significaría evidenciar que en ciertas corporaciones profesionales el poder ha sido tomado por verdaderos gánsteres.

Por eso la inmensa mayoría de los colegiados ya no percibe a los colegios como sus colegios. Pedirles a estas alturas, pues, que se impliquen y defiendan algo que no asumen como suyo es irreal (y culparlos de la situación, simplemente un chiste), aunque permanezcan unos cuantos quijotes que siguen en esta lucha. Larga vida a gente tan necesaria.

Este catastrófico deterioro de una institución tan importante, reconocida singularizadamente en la Constitución Española (art. 36) para diferenciarla del resto de asociaciones privadas, es plena y conscientemente consentido por las administraciones públicas, probablemente para «no meterse en líos»: permitir estos desmanes en instituciones anacrónicas tan desligadas de la vida de la gente no quita votos; tocarle las narices al poderoso lobby profesional... mejor no tentar a la suerte.


II. Los de fuera.

Nadie (con autoridad) parece que tenga nada que decir, menos aún que hacer, ante esta intolerable prostitución de las instituciones democráticas. ¿Será que lo ignoran? A estas alturas del partido no parece muy probable salvo que seas imbécil (que todo puede ser). Pero en todo caso, si aún quedan responsables políticos que realmente ignoran este esperpento, desde la modestia de este medio les pido que se informen. Yo mismo me ofrezco a informar y documentar gratis et amore dentro de mis modestas posibilidades (y de mi interesante fondo documental).

Y como no hay peor ciego que el que prefiere no mirar para poder decir «yo no vi nada», el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), última esperanza de aquellos administrados que se desesperan ante la connivencia de los supuestos defensores del Estado de Derecho con sus pervertidores, repite en sus resoluciones como un papagayo una jurisprudencia del Tribunal Supremo (anterior a la aprobación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por cierto) que le sirve como al borracho la farola: no para iluminarse, sino para agarrarse. A pesar de que se le ha advertido de que el Consejo General y la gran mayoría de los colegios (de enfermería, me refiero ahora, ignoro sobre el grado de distrofia en otras profesiones) están en situación de insumisión legal, ya que se niegan a acatar la ley (mejor dicho, las leyes):
  • Por un lado, se niegan a acatar la ley de colegios profesionales, que les obliga desde 2010 a publicar una Memoria Anual detallando información relevante (no solo referida a su faceta de corporación pública o "derecho administrativo", señora Arizmendi; vea el cuadro algo más abajo), y hacerla accesible a través de la web. Cuando los colegiados exigen esa información que las corporaciones profesionales están obligados a proporcionar proactivamente por ley, el Consejo General y los colegios se la deniegan; y cuando se reclama al CTBG, este echa balones fuera y se apoya en la farola de la ley de transparencia… que en este caso resulta de carácter supletorio frente a la de colegios profesionales, al menos en cuanto a la información que deberían publicar anualmente Consejo y colegios en virtud de su propia regulación sectorial. Obligación legal que increíblemente se les permite que se pasen por el arco del triunfo y solo deja un mensaje algo más que subliminal: «saque usted del banco sus ahorros, si los tiene, contrate letrado y procurador y váyase a los tribunales (pringao)». 

  • Pero es que además se niegan a acatar y obedecer… la propia ley de transparencia. Muy especialmente el Capítulo II del Título I, denominado “Publicidad activa”, que obliga a Consejo y colegios a hacer pública («como mínimo») una abundante información económica, presupuestaria y estadística (art. 8) «relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria». Siquiera, en el caso de estas corporaciones públicas, "solo" en lo relativo a sus «actividades sujetas a Derecho Administrativo»… que no son pocas ni secundarias. Algo que tampoco hacen, con la connivencia de nuevo de un decepcionante CTBG que en un principio despertó tantas esperanzas, hasta que se encontró con un lobby con el que probablemente no contaba. Pida usted, señora Arizmendi, que sus técnicos buceen por las procelosas aguas de las webs colegiales enfermeras a ver si encuentra usted, siquiera un sutil rastro o aroma de publicidad activa en el 90% de ellas. Empezando por las del propio Consejo General.



III. Lo más alucinante de todo esto es que no pasa nada. Nada.

¿Unas instituciones (públicas cuando interesa; privadas cuando más conviene) que gozan de la prerrogativa legal de obligar a cientos de miles de profesionales a colegiarse y abonar las cuotas que engrasan sus maquinarias no son controladas por los poderes públicos? ¿No existen, como en cualquier democracia adulta, contrapoderes que eviten la perversión de los fundamentos del Estado de Derecho y de la obligación constitucional de las corporaciones profesionales a tener un «funcionamiento interno democrático»?

Porque tal vez en otros sectores profesionales todo funcione como la seda y esta prerrogativa de auto-organización sea positiva para profesionales, administraciones y ciudadanos −dudo de que sea la norma, por eso admiro tanto a los que parece que lo logran−. Pero está claro que existe la posibilidad de que se adueñe de estas instituciones gente sin escrúpulos (¡ya es mala suerte que hayan caído tantos de este lado!), pero resulta que ninguna administración pública, ningún gobierno, ningún consejo de transparencia, ni siquiera ningún partido político o sindicato sirven de contrapoder efectivo contra estas situaciones de malversación de la democracia y de los caudales públicos.


IV. ¿«Caudales públicos»? Sí

 El Tribunal Supremo está harto de decir que tienen carácter de fondos, efectos o caudales públicos no solo «los dineros de titularidad estatal, autonómica, local o de institutos autónomos», sino también «los depositados por particulares en entidades públicas» (entre otras, SSTS 5-2-93, 13-11-02 y 18-9-06).

Parece innecesario a estas alturas volver a recordar que los colegios (y consejos de colegios) son «corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines». Es decir, que forman parte de esas «entidades públicas» a las que se refiere el Supremo. Por tanto, los fondos depositados por particulares (colegiados) en estas corporaciones de derecho público tienen el carácter de caudales públicos y por tanto entra dentro del espíritu y la letra (art. 13) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la obligación de explicar el destino de hasta el último euro. Y no solo a los colegiados, sino a cualquier ciudadano, sin más limitaciones que las tasadas en la propia ley (art. 14 y 15).


V. "In vigilando"

Si usted que está leyendo esto −y ese es el propósito último de este concreto escrito− es un representante político con cierta capacidad ejecutiva o un servidor público con cierta influencia ante los anteriores, solo le pido que se documente, si es que realmente «no tenía ni idea de esto que usted me cuenta». Y una vez que compruebe que su inocencia democrática ha podido llegar a ser pervertida hasta estos extremos inauditos, que mueva ficha y haga algo dentro del límite real de sus posibilidades.

Y si por el contrario está, como supongo en la mayoría de los casos, solo tuerto de un ojo y «mire usté, algo de esto... ya me suena», vaya con cuidado: hoy es un buen día para recordarle que a los malos siempre los trincan antes o después y que una vez que se encuentran en situaciones “tensas” tienden a largar de lo lindo. Y algunos intentaremos con todas nuestras fuerzas que entonces se les pueda preguntar: «¿quiénes, exactamente, estaban al tanto de todo esto y lo toleraron mirando para otro lado?».

Preguntaremos, por ejemplo, quién estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el Colegio de Enfermería de Madrid. Cuesta creer que el Consejero de Sanidad, enfermero a la par que médico, miembro él mismo de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería en sus años mozos, y que acaba de condecorar al presidente de esta institución como prócer y ciudadano ejemplar, orgullo de la Comunidad, no esté al cabo de la calle de las fechorías que se están relatando y documentando casi a diario en el colegio de su ramo (Sanidad), su co-profesión (Enfermería) y su ámbito (Madrid).

La pregunta de la certeza (Schutz) que habrá que hacer cuando todo esto devengue la sanción social y jurídica que merece es la siguiente: ¿cómo fue posible que esto pasara durante tantos años y nadie con autoridad política o administrativa dijera nada?¿Cómo es posible que la democracia carezca de contrapoderes efectivos cuando grupos de interés organizados −que en términos puramente sociológicos podríamos denominarlos mafias−  consiguen apropiarse de lo público en beneficio propio?

Sí, sin duda parte de la culpa la tienen los profesionales que han permitido que estas mafias se adueñen de sus instituciones y las conviertan en su cortijo. Pero, como dije ayer, esta apatía no es tanto la causa como el efecto de la podredumbre.

Por eso la culpa "in eligendo" de "los de dentro" no es nada comparable con la culpa "in vigilando" de "los de fuera", ese mirar para otro lado para poder decir «yo no he visto nada» que están exhibiendo todas las administraciones e instituciones ética y legalmente implicadas en esta gran perversión consentida de la democracia y el Estado de Derecho.





miércoles, 19 de abril de 2017

Al pie de los burros, segundo acto

Mañana publicaré una entrada un poco larga sobre la situación de la organización colegial enfermera. Pero hoy voy a dar un adelanto por motivos de oportunidad (como se verá).

Algo hay de cierto en una conclusión genérica que a veces surge como legítimo mea culpa y otras, como mera coartada moral para justificar la pasividad que ampara y explica la impunidad de esta organización cautiva: que deberían ser los propios colegiados quienes alzaran su voz y su voto contra quienes han ocupado y prostituido su ágora profesional y expulsar a los mercaderes de este sagrado templo democrático.

Pero entonces no tengo más remedio que recordar dos cosas: una, que es cierto que el colectivo enfermero (si es que existe tal sujeto sociológico) muestra una preocupante indiferencia mortal (Wright-Mills) o anomia (Durkheim) ante los problemas de su profesión; pero no es menos cierto que es más resultado o consecuencia, que causa o condición, de este perverso ecosistema de intereses creados.

Y dos, que sí hay colegiados que luchan por cambiar este estado de cosas, por lo general empeñando más tiempo, esfuerzo, dinero y riesgos de los que serían razonables; en asociaciones de base, colegios disidentes, candidaturas zancadilleadas o simplemente yendo en absoluta soledad, pero con absoluta dignidad, a las asambleas de sus colegios a manifestar su disconformidad votando en contra y pidiendo la información que se escamotea. Gente que lo pasa mal, especialmente cuando comprueba el atronador silencio de los corderos por parte de sus compañeras y la complicidad de los dirigentes de sus colegios, que deberían estar a favor y no en contra, como lo están de hecho, de su propia gente. Son personas y grupos valientes que reciben un apoyo nulo por parte de los gobiernos e instituciones  -solo a veces la vía judicial aporta algo-  que deberían actuar como contrapoder en una democracia seria.

Por ejemplo: hoy, probablemente mientras usted lee esto, una enfermera madrileña, Alda Recas, ha sido citada a declarar ante el instructor del expediente que le ha incoado su colegio, a petición escrita del presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, por denunciar unos hechos deplorables: que con motivo de la última asamblea general del Colegio de Enfermería de Madrid, al menos 170 liberados sindicales del Sindicato de Enfermería-Satse se afiliaron en el citado colegio, a pesar de que vivían y “trabajaban” en otras provincias españolas, para poder asistir a la asamblea y votar a favor de los intereses de su cúpula colegial que casualmente -más bien causalmente-  está conformada por miembros prominentes del Sindicato de Enfermería-Satse. Es decir, para pervertir la voluntad democrática de los colegiados madrileños, refrendar los tejemanejes antidemocráticos de su cúpula dirigente y aprobar el golpe de estado soft que supone modificar los estatutos a golpe de votos fraudulentos. Entre estos atípicos votantes estaban el propio presidente del Consejo General y varios otros dirigentes de esta corporación.

Desde la Asociación Madrileña de Enfermería (así como desde otros ámbitos) denunciaron este fraude antidemocrático y se ve que los señoritos se han enfadado. Que se han enfadado mucho. Y por eso se vengan tratando de inhabilitar a sus dirigentes para el ejercicio de su profesión, empezando por Alda que es la que estaba más a mano o la más conocida o a la que más ganas tenían, no lo sé. Un recurso fácil si tienes la moral encallecida.

Dicen estos energúmenos, a través de sus palmeros escondidos en el anonimato de las redes sociales, que lo que persiguen Alda y sus compañeros realmente es conquistar el poder. Claro, para echar a corruptos y delincuentes y devolver los colegios a sus legítimos dueños: las enfermeras y enfermeros.

Y yo les pregunto a estos: ¿dejaréis a Alda al pie de los burros?



jueves, 16 de marzo de 2017

Un poco de gasolina

El tema es tan increíble (para quienes desconozcan la existencia de este grupo de corte mafioso) como sencillo (para quienes sí lo conocemos): un grupo de enfermeras-perroflautas-izquierdosas, harto de la impune autocracia del Consejo General de Enfermería (CGE) y de su espurio presidente, Máximo Il Professore Dottore González Jurado, irrumpen en el 2.0 por tierra (twitter), mar (facebook), aire (blog) y éter (youtube). Lo hacen bajo el mismo nombre que luego denominaría a su asociación, reglamentariamente inscrita en el registro de Asociaciones del Ministerio del Interior: "Asociación Nueva Enfermería (por una Organización Colegial de Enfermería transparente)". En adelante, ANE.

Esto sucede un 23 de junio de 2015.

Seis días después, el 29 de junio, el CGE presenta ante la Oficina Europea de Patentes y Marcas (EUIPO) la solicitud de registro de la marca "en Nueva Enfermería". ¿Qué pretende con esto? Lo que sucedería un año largo después.

Porque el 20 de septiembre de 2016 el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante admite a trámite una demanda de juicio ordinario sobre infracción de marca, presentada por el representante del CGE contra ANE e, individualmente, contra todos y cada uno de los miembros de su Junta Directiva. El motivo es la utilización del término "Nueva Enfermería" que constaría, ya en esos momentos, registrado a favor del demandante en la citada EUIPO.

Se pide al Juzgado:
  • Que obligue a ANE a cesar en el uso de la marca.
  • Que ANE indemnice al CGE, por "daños y perjuicios", con el "simbólico" importe de 300 euros.
  • Que, de no cesar en el uso de la marca, se imponga a ANE una multa de 600 euros por cada día que persistan en su actitud perroflautera-izquierdosa-usurpadora.
  • Y que publiquen a su costa la sentencia en El País, El Mundo, Diario Enfermero y Diario Médico.
  • Ah, claro, y al pago de las costas judiciales.

Se trata de un proceder de tintes mafiosos que retuerce las normas en claro fraude de ley, es decir, para obtener resultados distintos de los perseguidos por el legislador. Y que está dirigido a quitar a ANE su misma identidad, obligando a escoger otro nombre, modificar sus estatutos y el registro de la asociación, cambiar su denominación en todos los medios de comunicación y redes sociales que utiliza; en fin, aniquilar a un enemigo que solo tiene un arma de guerra: el derecho fundamental (moral y constitucional) a la libertad de expresión.


Este ataque lo realizan con dinero público (aportado forzosamente por los colegiados españoles) que el CGE libérrimamente emplea en estos tejemanejes sin una pizca de eso que en algunos sitios se denomina "ética de lo público".

Como a veces los dioses se conjuran y algunos jueces son inmunes a la presión de los poderosos, el CGE se acaba de llevar, no solo un revés judicial, sino un zasca (a mí me gusta más "una hostia", pero luego me riñen por basto si lo pongo) en toda la cara (y en toda la marca).

La Sentencia de 2 de marzo de 2017 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, no solo afea al CGE que, tratándose de una corporación de derecho público, acuda ventajistamente a la jurisdicción mercantil, como si fuera un "operador económico", en el sentido que define a estos la ley de competencia desleal de 1991. También le afea que realice su demanda sin acreditar ni un solo uso de la marca, excepto el de su registro.Y por ello, admite abiertamente que efectivamente se ha cometido por parte del CGE un verdadero fraude de ley: el demandante "ha empleado un medio lícito para obtener una finalidad ilícita, la represión de la disidencia en la competencia por el poder del propio Consejo y del derecho fundamental a la libre expresión".

También le recrimina que esté "intentando emplear los superiores medios económicos que se le presumen para entorpecer ilícitamente el camino de quienes se presentan como una alternativa a las políticas de la actual dirección, actuando en consecuencia de forma manifiestamente antijurídica".

Por tanto, no solo desestima íntegramente la demanda interpuesta por el CGE, sino que le condena a pagar las costas y declara que el Consejo ha actuado con "temeridad y mala fe".

Esto ya nos lo han contado en el blog de ANE, tanto antes de la sentencia como después de ella; y también se han hecho eco en AEA-#6000 enfermeras. ¿Por qué abundo yo? En primer lugar porque me encanta hostigar a los hostigadores y darles su propia medicina.

Pero sobre todo porque es alentador que alguien neutral te diga "tienes razón" y ratifique la existencia de esos métodos de corte mafioso que un puñado  -¡solo un puñado, es increíble!-  de activistas por la democracia y la transparencia colegial, sin el más mínimo amparo de las administraciones públicas de uno y otro signo, que llevan décadas mirando hacia otro lado, ni siquiera del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, más atento a los intereses de los lobbies que a los de los colegiados, venimos denunciando (a veces con serias consecuencias sobre nuestras personas; lo que ha pasado la gente de ANE con este tema les puede parecer anecdótico pero no lo es: estas cosas trastocan bastante tu vida en lo personal y en lo familiar, incluso en tus finanzas: los abogados tienen la mala idea de cobrar y aquí no hay cuotas cautivas).

Una lucha desigual a la que este tipo de resoluciones judiciales dan un poco de gasolina.

Es de suponer que el CGE presentará recurso ante la Audiencia Provincial; porque no hacerlo supondría reconocer plenamente los hechos. Pero sería muy difícil que, en condiciones normales, el recurso prosperara, tan burda ha sido la actuación de Il Professore Dottore como incompetente la de sus servicios jurídicos, con el Comandante Corpas al frente.

Pero,  pase lo que pase en segunda instancia, esta sentencia sienta un importante precedente: ya no son solo los perroflautas-izquierdosos enfermeros quienes denuncian estos comportamientos de corte mafioso, ya hay al menos un juez que lo ha percibido y lo refrenda en una Sentencia. Y créanme, de estos matices ya he aprendido un poco a estas alturas, es un precedente de oro. A partir de ahora ciertos tribunales se tentarán un poco más la ropa... y hasta aquí puedo comentar.

Enhorabuena (personal) y larga vida (política) a la Asociación Nueva Enfermería.


martes, 21 de febrero de 2017

#PrescripciónEnfermera: derogar el decreto, cambiar la ley



1. INTRODUCCIÓN.


La aprobación de la pseudo prescripción enfermera, en diciembre de 2009, fue el resultado de un proceso político alambicado que, si algo evidenció, fue la tremenda ignorancia de la “clase política” acerca de la realidad de la profesión enfermera. Consecuencia desde luego de que la profesión médica tiende a ocupar todo el foco mediático y político en cuanto a las profesiones sanitarias, pero muy seguramente también de la ineptitud de los propios representantes enfermeros como “jefes de venta” de la profesión y de la casi inevitable confusión de su deplorable imagen (la parte) con la de la profesión (el todo).
La narcisista sobreexposición mediática de algunos “líderes” enfermeros, conjugada con la ineptitud de sus responsables de imagen/comunicación/prensa para evitar que cada dos o tres meses (a veces no pasan más que dos o tres días) se peguen un tiro en el pie de la Enfermería lleva mucho tiempo haciendo mucho daño a una profesión a la que representan, pero que ni ejercen ni han ejercido nunca.
La representación de la profesión médica fue, por el contrario, muy eficaz y mucho más discreta. Sin necesidad de obtener titulares, insultar al adversario o al Gobierno, levantar la voz o pegar puñetazos en las mesas consiguió, no solo bloquear una prescripción enfermera adaptada a las necesidades de nuestro tiempo en la ley del medicamento, sino también, por increíble que parezca, dar una vuelta más de tuerca en la aprobación del desarrollo reglamentario, el Real decreto 954/2015.
Paradójicamente, fue esta “vuelta de tuerca” lo que se volvió en contra, tanto de la Organización Médica Colegial (OMC) como del Ministerio de Sanidad. Porque el resultado fue un decreto que además de  –o precisamente por– retorcer la propia ley, es decir ser ilegal, está condenado a ser derogado porque es sencillamente inaplicable. De todo punto y se mire como se mire. En esto parece estar de acuerdo todo el mundo, menos la OMC (el bloqueo refuerza el statu quo) y el Partido Popular (sostenella y no enmendalla).
Ni la reforma de la ley del medicamento para dar cabida a la pseudo prescripción enfermera ni, mucho menos, la aprobación de la norma de desarrollo, tuvieron como objetivo o motivación solucionar problemas de continuidad de los cuidados o de seguridad asistencial, desburocratizar los centros de salud, racionalizar la prestación farmacéutica y otros asuntos importantes que siguen sin resolverse. Solo se trató de un tablero político donde el Consejo General de Enfermería (CGE), con el sindicato SATSE de adlátere, y la Organización Médica Colegial (OMC) echaron un pulso para tratar de obtener réditos ante sus respectivas audiencias.
Precisamente por eso este texto se propone tratar de argumentar ante personas inteligentes pero tal vez un tanto ajenas a las complejidades del tema (o simplemente sesgadas culturalmente por su pertenencia a otras profesiones sanitarias) las razones por las cuales pienso que no basta con derogar o modificar el famoso Real decreto, sino que es imprescindible revisar algunos axiomas de los que partió la clase política en 2009 al modificar la ley del medicamento para regular en falso la prescripción farmacéutica por parte de las enfermeras/os.


2. EL TEXTO EN SU CONTEXTO.




Las proposiciones de ley del Partido Socialista y de Convergència y Unió de febrero de 2009 que propiciaron la modificación de la ley del medicamento hablaban directamente de prescripción enfermera («el Gobierno regulará la participación en la prescripción de determinados medicamentos por enfermeros y podólogos»). Sin embargo, la OMC vetó el uso del término prescripción, solo en el caso de las enfermeras, no de los podólogos, bajo el axioma «solo prescribe quien diagnostica»: esta fue la única razón por la que se introdujo el famoso eufemismo (“indicación, uso y autorización de la dispensación”) que no hizo sino aportar confusión y caos al debate y, peor aún, a los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que nadie, realmente sabe hasta dónde alcanza o deja de alcanzar. De esta manera, una vez más un tema de tanto calado clínico/asistencial se fio al juicio que establecieran personas absolutamente profanas en los tribunales.
El problema real, pues, no está en el decreto, sino en la ley. Y lo digo sobre todo porque nunca se debió intentar resolver este conflicto interprofesional en el ámbito de una ley de garantías y uso racional del medicamento, sino en el de las respectivas competencias profesionales delimitadas en la ley de ordenación de las profesiones sanitarias y en la normativa respecto a las cualificaciones profesionales de la Unión Europea.
Para explicar y entender este enorme desatino hay que revisar el expediente de aprobación del Real decreto 954/2015. Aunque tendrán que fiarse de mi lectura –son 877 páginas–, resulta cristalino que los esfuerzos de la representación corporativa enfermera  –con la connivencia del director general de Cartera de Servicios del SNS y Farmacia y la oposición frontal del director general de Ordenación Profesional, que fue quien finalmente impuso su criterio– solo iban dirigidos a garantizar su papel determinante en el procedimiento administrativo de certificación prescriptora para, por un lado, hacer y deshacer en un negocio dirigido a 270.000 destinatarios potenciales; y, por otro, “blanquear” la dudosa legalidad de unos cursillos de prescripción que impartió garantizando que servirían para obtener la certificación estatal cinco años antes de la aprobación de la normativa.
Por si faltara algún dato objetivo para apoyar esta calificación, es procedente recordar que el Consejo General de Enfermería recurrió en los tribunales el decreto balear (52/2011) de prescripción enfermera –copio literalmente del recurso–, “por excluir el requisito de la acreditación ministerial de los enfermeros para usar, indicar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica". Y consiguió que el Tribunal Supremo anulara los dos artículos impugnados del decreto .
¿Cree realmente el presidente del Consejo General de Enfermería, que fue quien ordenó el recurso, que una enfermera precise una acreditación para “indicar, usar o autorizar la dispensación” de medicamentos que cualquier ciudadano puede retirar libremente de las oficinas de farmacia? Por no hablar de productos sanitarios, como hace la ley. ¿De verdad le parece a usted sensato, querido lector? Si fuera enfermera, ¿no se sentiría entre irritado y humillado? (si lo es, ni le pregunto porque conozco la respuesta).
Una vez que se impuso el criterio más cuerdo, que negaba cualquier papel relevante del CGE en la resolución de los expedientes de acreditación individual, la reacción hostil de la representación enfermera se dio por descontada y fue sencillo para la OMC imponer su criterio sectario al ofrecerse como soporte incondicional del Gobierno. Y de ahí vino la confabulación Ministerio de Sanidad-OMC, visibilizada sobre todo en el ya famoso artículo 3.2 del RD 954/2015 que, sin aportar nada desde el punto de vista jurídico-legal, resultó una grave provocación al colectivo enfermero. No solo a sus “líderes”, a quienes ciertamente se humilló en la plaza pública al modificar unilateralmente un texto consensuado y avalado por el Consejo de Estado y esperarse dos meses, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, a su publicación en el BOE, justo el día siguiente de las elecciones generales.
(Alguien, por cierto, debería interesarse acerca de si un ministro  –un Gobierno, en realidad–  puede conseguir esto último sin que nadie dentro del propio Gobierno y de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado haya incurrido en prevaricación.)


3. EL MOMENTO DE LA ALTA POLÍTICA.
 

Fue esta penosa conjunción entre el Ministerio de Sanidad y la OMC la que sitúa ahora la partida de nuevo en la casilla de salida. Porque la posición casi unánime de los grupos parlamentarios a favor de la derogación del Real decreto 954/2015 da la oportunidad a la otra representación enfermera (colegios, asociaciones y expertos no alineados con la denominada Mesa de la Profesión Enfermera y ajenos a sus espurios intereses) para exponer sus puntos de vista y tratar de conseguir, no solo la derogación del decreto, sino la apertura de un proceso de revisión de la ley del medicamento.
La prescripción enfermera no es necesaria (solo, ni principalmente) para satisfacer una reivindicación de las enfermeras o los intereses de sus burocracias profesionales. Es una necesidad derivada de las propias lógicas asistenciales y clínicas en esta etapa del desarrollo de los servicios de salud. Por eso está regulada, con mayor o menor recorrido, en tantos países desarrollados (y en vías de desarrollo).
Es muy importante hacer notar que la publicación del decreto de prescripción enfermera (23 de diciembre de 2015) coincide en el tiempo con la finalización del plazo legal (18 de enero de 2016) de aprobación de una norma para la transposición de la Directiva 2013/55/UE, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Y ahora que la situación de provisionalidad del Gobierno ha acabado, tendrá que hacer frente, al menos, a la transposición de la directiva. Y también, si la Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que se debatirá el próximo día 23 de febrero en el Congreso de los Diputados sale adelante, espero que incorporando las sugerencias en esta misma línea apoyadas por el resto de los grupos, el Gobierno también tendrá que “mover ficha” con respecto al denostado RD 954/2015 y a la prescripción enfermera.
Es cierto que la directiva europea no habla directamente de la prescripción como competencia enfermera (sí, de “indicación”, no sé muy bien si es que la Unión Europea se ha incorporado a la Cofradía del Santo Eufemismo), pero añade un apartado 7 al artículo 31.g) de la Directiva 2005/36/CE, exigiendo que la formación básica de las enfermeras garantice la adquisición de la competencia para «diagnosticar de forma independiente los cuidados de enfermería».

Si el veto a la capacidad prescriptora de las enfermeras proviene del axioma, ya citado, de que «solo prescribe quien diagnostica», la Directiva deja meridianamente claro algo que ya estaba implícito en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias: que la enfermería decide (“diagnostica”) autónomamente los cuidados de enfermería que debe prestar al paciente y que hay cuidados propios de enfermería que requieren inevitablemente el uso de productos sanitarios y medicamentos. No es “intrusismo” ni invasión de competencias, es simplemente la necesidad de hacer  –bien–  el propio trabajo, ese para el que te has formado. No otro.
Por tanto, no se trata tanto del “qué” (prescribir o “llámalo equis”) cuanto del “cómo”, porque evidentemente esta competencia deberá ser regulada, ya que no hablamos de un tema, la prescripción farmacéutica, precisamente intrascendente o secundario. Y al respecto del cual, por cierto, los dirigentes médicos harían bien en mirar antes la viga (actual) en el ojo propio que la paja (potencial) en el ajeno.
Hoy en día las enfermeras, muy especialmente en los centros sociosanitarios y de atención primaria, tienen secretarios de lujo con bata blanca: los médicos que firman las recetas de los productos sanitarios y medicamentos que las enfermeras prescriben (pero no pueden recetar). Es simplemente un sinsentido burocrático y un intento de perpetuación de un statu quo no basado en evidencias, sino en conveniencias.
Si realmente se persigue enfrentar el complicado reto de cuidar a las personas en la comunidad, especialmente a las que tienen necesidades complejas por presentar pluripatologías, dolencias o factores de riesgo crónicos, la enfermería no solo es importante: es un  –yo diría el  recurso clave.
Una profesión que posee, por formación y por dedicación, las competencias y conocimientos necesarios para realizar sus funciones prescriptoras de manera sensata, segura y efectiva. Eso se está demostrando cada día en el sistema sanitario público andaluz donde, desde 2009, las enfermeras que lo precisan por las exigencias de su trabajo pueden recetar los productos sanitarios y los medicamentos no sujetos a receta médica y también algunos de los de prescripción médica, en base en este caso a protocolos acordados. Con la adecuada formación, pero sin necesidad de acreditación (sí de autorización y registro por motivos obvios), menos aún estatal. La ley, pues, estaría incumpliéndose de manera flagrante y esta es la razón por la cual el RD 954/2015 incluye una disposición transitoria (apartado 3) que da salida a la situación específica andaluza. Pero no parece que este rol haya provocado ningún cataclismo para la seguridad y calidad asistenciales. Ni que los médicos andaluces hayan caído en el paroxismo ante tamaña afrenta.
Lo único que tiene sentido, pues, es no solo la derogación del decreto, sino también la apertura de un proceso de revisión de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos en la cual no debería discriminarse a las enfermeras con respecto a médicos, odontólogos y podólogos como si fuera una profesión menor de edad, subordinada o incompetente (o sin formación universitaria en farmacología). Es la única manera de legislar sobre la prescripción en el ámbito de las competencias enfermeras que puede significar un avance real sobre la obsoleta regulación actual, que ni sirve a la calidad y seguridad de la atención individualizada y continuada a los pacientes, ni permite el desarrollo de una enfermería más protagonista, en pie de igualdad con la profesión médica, puesto que ya no existe una situación de subordinación jerárquica entre ambas profesiones, sino de cooperación leal y constructiva en beneficio del Sistema Nacional de Salud y la ciudadanía.
Solo faltaría que el impagable rol adicional, impropio, que desempeñan las enfermeras, tantas veces comiéndose los marrones y salvando los efectos de desidias e incompetencias ajenas, desdibujara su perfil profesional y le pasara factura, gracias a aquellos desagradecidos, iletrados o interesados que quieren presentarla como una prolongación de la estricta gobernanta de la época de Florence Nightingale. 

Alinearse políticamente hoy con el Consejo General de Enfermería y sus adláteres, siquiera por respeto mal entendido al "orden establecido" o por no resistirse a su cabildeo del palo y la zanahoria, es alinearse contra el progreso de esa Enfermería que realmente da el callo en los servicios de salud y ser manipulado para convertirse en defensor de lo único de lo que entiende esta gente: su propia supervivencia en el poder, sus propios intereses de grupo. Por eso hoy hay que "tomar partido hasta mancharse" (G. Celaya).

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Nota.- En pro de la legibilidad del texto, he utilizado los siguientes apelativos: