jueves, 2 de noviembre de 2017

Primera lectura del nuevo borrador de decreto de Prescripción Enfermera




He escrito en tantas ocasiones sobre la prescripción enfermera que hace unos pocos meses opté por reunir las entradas del blog sobre el tema en un libro (de descarga gratuita). En la última de ellas, hace unos ocho meses,analizaba bastante en profundidad las razones que recomendaban olvidarse del Real Decreto 954/2015 (es decir, derogarlo) y reformar directamente las leyes “del medicamento” (avalando la capacidad prescriptora de las enfermeras de la misma manera que las de odontólogos y podólogos, 'dentro de sus propias competencias') y de ordenación de las profesiones sanitarias (regulando los temas formativos y competenciales que se entendieran necesarios).
Sin embargo, como es sabido, se está a punto de tropezar por segunda vez en la misma piedra, eso sí, una piedra que ha perdido algo de volumen y consistencia. Analizo ahora el borrador que se ha conocido, si bien de manera menos densa, ya que solo se trata de un borrador y quienes se supone que llegaron a este acuerdo no han ganado, a lo largo de estos últimos ocho años, mucha credibilidad...

Antecedentes.- El borrador de Real Decreto que al parecer se ha pactado soluciona algunos de los tremendos errores del publicado en diciembre de 2015. Solo eso. Pero un Real Decreto solo es una norma de desarrollo de una Ley y la Ley que desarrolla este Real Decreto fue, no solo mal desarrollada, también mal planteada. Se fundamentó mucho más en no pisar los callos de La Caverna médica que en un análisis intelectualmente exigente de las necesidades del Sistema Nacional de Salud. O sea, comme d'habitude.
El meollo.- Las enfermeras no quieren recetar para jugar a los médicos. De hecho, muchas no tienen el más mínimo interés en hacerlo y hasta diría que hay muchas, más de las que se piensa, que lo que quieren es precisamente no poder hacerlo para no tener que hacerlo. Pero la mayoría de quienes reivindican esta competencia lo hacen para que aquellas enfermeras que para hacer bien su trabajo necesiten realizar diagnósticos de enfermería y prescribir tratamientos, sean farmacéuticos o no, puedan hacerlo sin tonterías (como pasar la receta a un médico, que la firma sin mirarla cuando confía en la enfermera). Unas lo necesitarán más, otras, menos y el resto, nada. Pero este borrador de Real Decreto, como el anterior, solo da respuestas generales que no dan solución a necesidades específicas. Por ejemplo, las enfermeras domiciliarias, las que atienden determinados dispositivos sociosanitarios o las de emergencias, entre otras, necesitan mucha más libertad para adoptar decisiones terapéuticas que no pueden encajar dentro de protocolos generales. O, más grave aún, que corresponden a sus competencias específicas y por tanto es absurdo que tengan que depender del criterio de médicos que apenas tienen nociones sobre temas en los que nunca se han formado o lo han hecho de manera muy genérica, y hace muchos años.
Controles.- La prescripción de medicamentos es un tema muy delicado desde el punto de vista técnico, con efectos adversos mucho más frecuentes de lo que se piensa, que a día de hoy son ocasionados en su inmensa mayoría por decisiones clínicas adoptadas por médicos. Que son quienes prescriben y recetan. Ocúpense principalmente, pues, las organizaciones colegiales y científicas de médicos de establecer los controles necesarios para ir mejorando los hábitos prescriptores de sus colegas. Porque la realidad de la prescripción de fármacos es la que hay, la que han consagrado las leyes y las costumbres. Y va por libre porque, todo hay que decirlo, los controles no existen o no funcionan.
¿Un médico especialista en Cirugía Plástica, Anatomía Patológica o Medicina Nuclear debería poder prescribir un antidepresivo de última generación? Probablemente sí, se responderá, en según qué casos o circunstancias; pero de hecho pueden hacerlo en todos los casos y en todas las circunstancias que libérrimamente decidan (hablo de medicamentos de despacho en farmacias) porque les basta con firmar una receta con su nombre y su número de colegiado. Tampoco a los podólogos se les dice en la ley qué pueden y qué no pueden recetar, solo se dice que lo harán “dentro de sus competencias”; y no parece que se estén produciendo desmanes al respecto. Pues eso es lo que necesitan, y a lo que aspiran, muchas enfermeras: que, cuando lo necesiten, se les permita prescribir “dentro de sus propias competencias”. Punto. Competencias, dicho sea de paso, que no pintan nada en una ley de garantías y uso racional de medicamentos, sino en la de ordenación de las profesiones sanitarias, la famosa LOPS.
El absurdo.- El anterior Real Decreto ponía al mismo nivel productos sanitarios, como pañales; medicamentos sin receta, como paracetamol; y medicamentos que sí necesitan receta obligatoria, como antibióticos. El absurdo era pedir una acreditación para los dos primeros (productos y medicamentos sin receta); y eso está en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. De ahí que para no tener que modificar una ley tan estúpidamente redactada como políticamente intocable se otorgue a las enfermeras la acreditación gratis total (excepto a los cuatro ATS que deben quedar sin haber convalidado su título por el de diplomado).
¿Qué cambia el borrador de Real Decreto?.- Exactamente, cinco cosas:

  • El artículo 3.2: Donde antes ponía que un médico (concreto) tenía que haber realizado (personalmente) el diagnóstico y ordenar el tratamiento, ahora solo se trata de aplicar un protocolo.

  • En el artículo 5 se subsana una barbaridad, que era mezclar “indicación”, “uso” y “autorización de dispensación” al referirse a la Orden de Dispensación (o sea, la “receta enfermera”). “Uso”, en este contexto, no pintaba nada pero se repitió el mantra indicación-uso-y-autorización-de-dispensación para evitar usar los términos prescripción y receta y que La Caverna médica no se enfadara por tener que dar acceso a las clases populares sanitarias a su sanctasanctórum.

  • También el artículo 5 se refiere en concreto a la "orden de dispensación" (receta de enfermería) en el ámbito de la prescripción farmacéutica pública (a cargo del Sistema Nacional de Salud), cosa que antes ni se refería. Este es, para mí, el aspecto más resaltable en términos políticos-legales, sin duda influido por el desarrollo andaluz de la prescripción enfermera.

  • Se da vía libre (art. 3.2) a uno de los principales puntos de conflicto, la vacunación por parte de las enfermeras sin necesidad de “prescripción” de un médico, dado que son usos en los que “no es necesario determinar el diagnóstico médico y la prescripción médica individualizadamente”.

  • Y la más importante, solo los enfermeros que no hubieran convalidado su título de ATS o Practicante por el de Diplomado tendrán que realizar la formación adicional para obtener la acreditación estatal como enfermera prescriptora. Todos los que estén en posesión del Grado o la Diplomatura quedan automáticamente (cuando se publique el Real Decreto en el BOE) acreditados. No obstante, quienes deseen solicitar una acreditación personalizada podrán solicitarlo.

Por lo que respecta a las enfermeras andaluzas, que llevan a partir de 2009 y años sucesivos como prescriptoras, podrán seguir siéndolo en su comunidad autónoma sin mayor requerimiento (salvo que sean ATS y deseen ser prescriptoras a nivel estatal, en cuyo caso tendrán que aportar un certificado de que llevan tres meses como prescriptoras autorizadas en Andalucía).
El papelón del Consejo de Enfermería.- Mienten como bellacos cuando afirman que siempre defendieron que el Grado en Enfermería era suficiente para ser acreditados. Informaron favorablemente el real decreto anterior, como queda constancia en el dictamen del Consejo de Estado, y solo se desmarcaron cuando se publicó con el famoso párrafo segundo del art. 3.2, porque quedó en evidencia que su fanfarronamente publicitada capacidad de influencia política era (una vez más) mera pose de cara a la galería: eran, son y serán, mientras continúen los mismos casposos al cargo, unos mindundis con ínfulas.

Su propósito básico durante la negociación del RD 954/2015 siempre fue que hubiera que realizar sus cursitos de prescripción para obtener la acreditación, no solo como negocio, sino como manera de blanquear los fondos que los colegios balantes estuvieron aportando como “derecho de uso de la plataforma tecnológica” asociada. Quienes hicieron el cursito jamás recibieron lo prometido: la acreditación prescriptora urbi et orbii y los créditos ECTS (en unos sitios se dice que son seis, en otros que 12).



Comentario adicional.- Ha hecho falta que cambiaran cuatro de los cinco interlocutores fundamentales (presidentes del Consejo General de Enfermería, la Organización Médica Colegial y el Sindicato de Enfermería-Satse, más el director general de Farmacia), para que este acuerdo de mínimos, tras dos años de parón (el anterior se aprobó el 23 de octubre de 2015, aunque no se publicó hasta el 23 de diciembre) viera la luz. Los tres cordobeses, por lo que se ve, se pusieron de acuerdo en un pispás.

Comentario final.- Por cierto, he estado meses tratando de averiguar quién en concreto (qué persona o cargo) dio la orden en octubre de 2015 de dejar metida en un cajón el RD 954/2015 dos meses, hasta que se hubieran celebrado las elecciones generales del 20-D, pero en el Ministerio no me lo han querido decir; dieron la callada como respuesta. Con la bendición apostólica, claro, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que avaló con su Resolución 0317/2017, de 25 de septiembre (pendiente de publicación en la web del CTBG, si es que se siguen publicando; desde abril 2017 no existe enlace a los textos de las resoluciones), este silencio administrativo que sin duda protege la conducta claramente prevaricadora del “probo servidor público” que lo hizo. Shit!



martes, 31 de octubre de 2017

El 'holding' del Consejo General de Enfermería (1)



La semana pasada publiqué unos hilos en Twitter, en los que contextualicé y empecé a desarrollar las causas y consecuencias de la denuncia del diario El País sobre la presunta red de corrupción en el Consejo General de Enfermería y la investigación que está efectuando la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Provincial de Madrid. La dimisión del presidente de la Corporación se ha querido presentar como un asunto particular, pero ya saben... no se fíen de las versiones oficiales.

Les paso por aquí estos breves comentarios ilustrados, que es más cómodo (especialmente para los no usuarios de la red social del pajarito). También doy algunos apuntes, muy para principiantes (con perdón), del 'holding' de empresas y fundaciones que pulula en torno a esta Corporación de Derecho Público que se comporta más bien como un emporio privado. Financiado, eso sí, con fondos procedentes en un 99,8% de la cuotas forzosas que pagan las enfermeras/os a través de sus colegios. Que según aclara la jurisdicción penal  -que será la que finalmente se aplique-  son sin duda alguna "caudales públicos", aunque se dispendien como su procedieran de los bolsillos de quienes llevan 30 años manejando impúdicamente este cotarro.



miércoles, 18 de octubre de 2017

La Gran Mentira, segunda parte



(I)
Como dije de pasada en la primera entrega de esta entrada, y amplío ahora la información, desde el CGE se fue forjando un holding societario; en ocasiones participa directamente como accionista; en otras, lo hace indirectamente, como accionista de alguna de las otras sociedades que sí participan
Como algunas de sus piezas se fueron quedando en el camino, a día de hoy este holding está  compuesto por dos fundaciones (Salud y Sociedad, 1995; ISICS, 1999) y cinco sociedades mercantiles (Cofunsalud SA, 1995; Enfermundi SA, E-Network Salud SAU y Redvya SL, todas ellas en el año 2000; y Serprocol, 2008). Hasta su despedida el pasado día 16 de octubre, Máximo Antonio González Jurado era el presidente, además del CGE, de todas y cada una de las fundaciones y sociedades.
Todas estas entidades, a excepción de Enfermundi SA, que trasladó en 2007 su sede social a Córdoba, comparten  sede. Sede que, como ya les conté en la primera parte, no es propiedad del CGE, sino de la antigua Fundación Salud y Sociedad (hoy denominada Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud, FICSSALUD), una fundación perfectamente privada de la que el CGE (representado por el actual presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya) formó parte como Vocal hasta que salió del Patronato, en abril de 2015. El secretario (no patrono) de FICSSALUD es Julio Manuel González Jurado, hermano de Máximo.
Ya, desde la primera Memoria Económica que hemos podido obtener (2005) queda constancia de que la FSS tiene arrendado el 64,77% de la superficie del edificio y anexos. En aquel entonces, solo tenía una sede. Hasta aquí parece estar claro, pero resulta que en estos entornos las cosas nunca fueron muy sencillas.
Porque en 2008 “aparece” una nueva “sede”, denominada “Edificio Majadahonda”, como contraposición a la sede principal, referida indistintamente como “Edificio Aravaca” o “Edificio Fuente del Rey”. Dicha “sede” de Majadahonda fue construida sobre un solar de 1.000 m2, con una superficie habitable de 295 m2, más otros 36 m2 del garaje. La inversión de la Fundación fue de 1.748.030,73 €. 
Diremos, para no extender más la descripción de los hechos, que el “Edificio de Majadahonda”, ubicado en la calle Homero nº 1 de dicha localidad, no era la adusta “sede” que se imaginan, sino un chalé de lujo con piscina. Comprado y reformado con fondos de la Fundación «del CGE». Y que sus usuarios tampoco eran serios y formales empleados y empleadas, sino que se construyó y reformó para convertirse en el domicilio familiar del secretario y gerente de la FSS, cuyos apellidos probablemente les suenen: Julio González Jurado.
En fin, a partir de 2008, las memorias económicas explican que ambas “sedes” están arrendadas, en las siguientes proporciones:


(II)
Nos olvidamos de la “sede” de Majadahonda y nos centramos en el edificio de Fuente del Rey. De la primera parte de esta entrada pudo haberse deducido que el CGE era la entidad que, con sus pagos en concepto de arrendamiento, sostenía la actividad mercantil de la Fundación (y por tanto “pagaba las hipotecas”), pero ello dista mucho de ser cierto. Analizamos las cuentas de FSS-FICSSALUD para cada año disponible (2004-2015) y comprobamos que los ingresos declarados por arrendamientos son mucho mayores de lo pensado (o más bien, intuido); en los últimos 12 años disponibles, ascienden a 13,6M€, un promedio de 1,13M€ al año, con un máximo histórico de 1,5M€ en 2014. En 2015 se produce una caída considerable que trataremos de investigar.
Como disponemos de los pagos declarados por el CGE, podemos suponer que la diferencia la abonan estas terceras partes. Pues bien, del total de los ingresos declarados en concepto de arrendamientos por la Fundación, como promedio de estos últimos 12 años el CGE ha abonado menos de una tercera parte (31,3%):



El resto de los ingresos, por tanto, son abonados por el resto del holding societario. Aunque es imposible detallar las cantidades y superficies arrendadas que corresponden a cada una de las entidades de este entramado societario, porque en las cuentas depositadas quedan englobadas bajo “Otros gastos de explotación” o “Servicios exteriores”, no existe ningún género de duda de que la fundación privada FSS-FICSSALUD viene cobrando en concepto de arrendamiento de sus oficinas, no solo los más de 400.000 euros que le abona el CGE, sino también en torno a un millón de euros más al año que le abonan las empresas participadas por el entramado societario del CGE.
Al analizar las series temporales, hubo algo que nos llamó poderosamente la atención: durante el año 2010 los ingresos por arrendamiento se incrementan de una manera totalmente desligada de las lógicas de mercado, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria y hundimiento de las rentas. Los ingresos totales de la Fundación por este concepto se incrementan nada menos que en 450.000 € (cifra sospechosamente redonda), o sea, un 41% en un solo año; las rentas que abona el CGE se incrementan en 89.000 €, un 27%; y las que abonan el resto de sociedades, en un 55%. La FSS lo explica de la siguiente manera en la Memoria de las cuentas de 2009:


Así, nos enteramos de que el contrato de alquiler es por un período… ¡de 12 años! Ello quiere decir que el CGE, así como el resto de compañías participadas, tiene comprometidos los costes de arrendamiento de su sede hasta 2021.
Pero además, cruzando informaciones, descubrimos que las «nuevas obligaciones por hipoteca» no son otra cosa que la ampliación en 10,2 millones de euros del capital social de una de las empresas del holding, COFUNSALUD SA (de la que FSS-FICSSALUD posee, y tiene que aportar por tanto, el 75% del capital, o sea, 7,6M€), para financiar una fallida y ruinosa operación especulativa que cuando sea pertinente será desvelada, y que fue financiada mediante una re-hipoteca de la sede de Fuente del Rey. Como el 25% restante del capital lo poseía el CGE, ya tienen una pista para saber quién aportó los otros 2,6 millones que faltan. Volveremos sobre ello.
A partir de lo expuesto, se entiende perfectamente que los supuestos contratos de arrendamiento inmobiliario no serían realmente contratos mercantiles entre partes independientes con capacidad de negociación sino una simulación jurídica muy lucrativa para la fundación privada, que implica a la corporación de derecho público CGE.
(III)
Hemos dicho con bastante relajo que los cobros por los alquileres están “desligados de las lógicas de mercado” y que por tanto son una presunta “simulación jurídica”. Podemos asegurarlo (y documentarlo).
Para el último año disponible en el momento de realizar los cálculos (2013; las cuentas de 2014 y 2015 las hemos obtenido hace solo unos días, tras solucionar las pegas que les había puesto el Patronato de Fundaciones), la FSS declaró unos ingresos de 1.443.588,03 € en concepto de arrendamientos. Restando a precios de mercado (10 €/m2 x 295 m2 = 2.950 € x 12 meses = 35.400€/año) la renta que se pudiera percibir, en todo caso, del arrendamiento del 100% del chalé de Majadahonda, obtendríamos unas rentas por el arrendamiento de Fuente del Rey 2 de 1.408.188 € anuales. Si dividimos esta cantidad entre los 2.094 m2 que corresponden a la parte arrendada de Fuente del Rey, el 64,77% de 3.233 m2, dividiendo luego el resultado entre 12 mensualidades, obtenemos una renta mensual conjunta de 56 €/m2.
En la zona de Aravaca-Pozuelo, donde está ubicado el edificio, la renta mensual normal viene a situarse entre 7 y 12 €/m2; no hemos encontrado ninguna oferta de alquiler de oficinas de alto standing que supere los 18 euros por metro cuadrado y mes (y eso en 2016, que fue cuando se realizaron los cálculos y tasaciones, con un encarecimiento medio de un 15% en el alquiler de oficinas en Madrid con respecto a 2013, según la firma especializada Savills Research Global). Incluso a día de hoy (literalmente: 18 de octubre de 2017), no llegan a 20 €/m2 .

Es decir, que:

a) Las rentas de alquiler impuestas estarían hinchadas en torno a un 300%, con respecto a lo que pagarían a un arrendador independiente, guiadas ambas partes únicamente por lógicas empresariales; teniendo en cuenta que en estos 12 años el CGE ha abonado 4,2M€, eso hubiera supuesto un ahorro total de 2,8 millones de euros.

b) Si los dirigentes del CGE de 1997no hubieran antepuesto sus intereses personales a los colectivos, hubieran impulsado desde la titularidad del CGE la compra o construcción de la nueva sede, no impuesto esta suerte de ingeniería contable depredadora.


c) Y por tanto no tendría, como desvelé el miércoles pasado y el propio González Jurado no tuvo más remedio que “anunciar” antes de ayer para salvar la cara, que comprar una parcela y edificar sobre ella su sede, ahora, en 2017: un pastón que… ¿adivinan quiénes lo van a pagar de seguir las cosas así?
Efectivamente.
Por cierto, habría que saber, aunque fuera a efectos meramente documentales, en qué Asamblea General se aprobó dicha inversión y en qué Presupuestos anuales aprobadosse autorizó la liberación de los fondos para financiar la compra de la parcela de Sierra de Pajarejo 13, en la zona residencial más cara de Madrid, La Florida, en el distrito de Aravaca (que si no estoy confundido ha costado 1.057.322 euros).

PS.- Aunque en el blog suelo utilizar la primera persona del singular, el lector atento observará que cuando me refiero a informaciones o documentos siempre lo hago en primera persona del plural ("hemos conseguido", por ejemplo). Aunque de momento se ha considerado más seguro que no se sepa quiénes son, hay un equipo de seis personas detrás de este trabajo. Si bien la única identidad conocida en este momento es la de un servidor, cuando sea posible saldrán a la luz las otras, para que podamos todos agradecerles personalmente el esfuerzo y eficacia empeñados en esta necesaria tarea de denuncia.


miércoles, 11 de octubre de 2017

La Gran Mentira



 He estado dudando entre utilizar el sustantivo "mentira" u otro mucho más contundente, con connotaciones no solo morales sino también penales. Les cuento la historia, a ver si consigo que se enteren los más ajenos a estos líos.
(I)
Al año de tomar posesión del cargo de presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Máximo González Jurado firma (16-12-1988) un Convenio de cooperación sobre formación postgrado y formación continuada en Enfermería con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), representada por su Rector Magnífico y Excelentísimo, distinguido miembro de los Legionarios de Cristo, Gustavo Villapalos Salas.
Entre otros objetivos más genéricos, dicho Convenio prevé  cláusula quinta, apartado c el «Proyecto de creación de un Instituto adscrito a la U.C.M., que desarrollará la Formación Postgrado, Formación Continuada y la Investigación en Enfermería».
Para el desarrollo del Convenio, se nombrarán un director, Juan Vicente Beneit Montesinos, y un coordinador, Jesús Sánchez Martos. El CGE desembolsará 2.860.000 ptas. y, según indican las Disposiciones Adicionales, proporcionará a la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad ciertos servicios, dotaciones y contratos de personal. Total, entre 3.670.000 y 4.610.000 ptas. (29.000 – 36.000 euros a precios de hoy).
Para la plasmación del Convenio en lo relativo al “Instituto adscrito” a la UCM el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid, por un lado, y Máximo González Jurado, Pilar Fernández Fernández y Luis Ricardo Rodríguez Díaz  Presidente, Vicepresidenta Primera y Secretario General del CGE, estos tres a título estrictamente privado o personal, por otro lado, constituyen el 27 de julio de 1989 la Fundación Enfermería y Sociedad, la cual es inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas mediante Orden de 18 de julio de 1990 (BOE de 19 de septiembre).
La dotación de la Fundación es de 15.030.000 pesetas, que son aportados por los patronos con el siguiente detalle:
  • Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España: 10 millones ptas.
  • Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid: 5 millones ptas.
  • Máximo Antonio González Jurado: 10.000 ptas.
  • Pilar Fernández Fernández: 10.000ptas.
  • Luis Ricardo Rodríguez Díaz: 10.000 ptas.
Es decir, que el 99,8% del capital fundacional fue aportado por las corporaciones colegiales y solo el 0,2%, por las personas físicas, que son en realidad quienes toman las decisiones en nombre del Patronato de la Fundación, ya que en el acto de constitución de la Fundación se producen los siguientes nombramientos:
  • Presidente: Máximo Antonio González Jurado.
  • Secretario: Luis Ricardo Rodríguez Díaz.
A raíz de su constitución, la Fundación Enfermería y Sociedad (FES) propone a la UCM la adscripción a dicha universidad de una Escuela de Especialización Profesional en Ciencias de la Salud, propuesta que es admitida y sancionada administrativamente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la UCM de fecha 28 de noviembre de 1989.
Voy a dar un salto en el tiempo a pesar de que ello conlleva dejar de narrar los pufos, irregularidades, falsificaciones, falsedades, denuncias… que empiezan a tener lugar en relación con la Escuela y la Fundación y sus cursos y diplomas de unos seis años.

(II)
El día 6 de febrero de 1995, en sustitución de la anterior fundación, se constituye la Fundación Salud y Sociedad (FSS), con domicilio social en la calle Buen Suceso 6 de Madrid, cuyos patronos fundadores son los siguientes:
  • Máximo Antonio González Jurado  (a título personal), Presidente vitalicio con derecho a nombrar a su sucesor.
  • Pilar Fernández Fernández (a título personal), Vicepresidenta vitalicia con derecho a nombrar a su sucesor.
  • Consejo General de Colegios de Diplomados en Enfermería de España, Vocal (representado en aquello momento por Mª Teresa Monzón Casas, vicepresidente III y más adelante por Florentino Pérez Raya, vicepresidente II).
Como Apoderado, interviene y toma posesión Julio Manuel González Jurado, hermano de Máximo.
Salud y Sociedad queda inscrita como fundación «de beneficencia particular de carácter asistencial» en el Registro de Fundaciones, según Orden del Ministerio de Asuntos Sociales de 15 de marzo de 1995 (BOE del 21 de abril).
El capital fundacional fue 30 millones de pesetas, de los cuales 25 millones (83% del total) son aportados por el CGE, mientras que solo el 17% restante (cinco millones de pesetas) son aportados a partes iguales por Máximo GONZÁLEZ y Pilar FERNÁNDEZ. Extremo que, de manera muy conveniente, no consta en los Estatutos de la Fundación, aunque sí en las cuentas del CGE.
En la ficha del Protectorado y Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad constan como actividades en cumplimiento de fines:
  • Escuela de Ciencias de la Salud (ECS).
  • Enfermeras Para el Mundo (EPM).
  • Actividad mercantil: Arrendamiento.
La jugosa descripción detallada de la “actividad mercantil”, la voy a dejar para otro momento. Baste decir ahora que sobre un solar de 6.563 m2, cuyo anterior propietario era Miguel de Oriol e Ybarra  insigne miembro también de los Legionarios de Cristo; fue, nada menos, quien trajo a España al mexicano Padre Marcial Maciel, fundador de la “Orden” , se construyó un gran edificio de cuatro plantas, con una superficie construida total de 3.232,63 m2, obra nueva financiada mediante un préstamo con garantía hipotecaria con un principal de 1.575MP (9,5M€ a precios de entonces; unos 17M€ a precios actualizados), escriturado el 6 de octubre de 1997.
En 1997, este edificio, propiedad exclusiva de la FSS, es alquilado como sede al Consejo General de Enfermería y al resto de sociedades creadas por el Consejo. La Fundación obtiene casi 1,5 millones de euros al año por los arbitrarios alquileres cobrados: el presidente de la FSS (González Jurado) pacta con el presidente del Consejo General de Enfermería (González Jurado) y los presidentes del resto de fundaciones y empresas del lobby (González Jurado, en todos y cada uno de los casos) cobrarles un alquiler un 300% por encima del precio de mercado de la zona Aravaca-Pozuelo. Un claro caso de auto-contratación prohibido por la ley, me confirma un asesor jurídico.
De esta manera, además del latrocinio soportado por las cuotas de los colegiados, el CGE es el único de los consejos generales de colegios, al menos de los importantes, que carece de una sede propia, viviendo de alquiler. Una jugosa renta que va a parar a las arcas de una Fundación privada. Aquí lo dejo (de momento).

(III)
A partir de la creación de la FSS, el CGE comienza a referirse a la ECS como «la Escuela del Consejo General»; a los cursos de la ECS, como «los cursos del CGE»; a las jornadas organizadas por la ECS, como «jornada convocada por la ECS del CGE»; a EPM, como «la ONG del Consejo General»; y a los convenios de cooperación de EPM como «la cooperación solidaria del CGE».
 Pues bien, atención a la jugada: en una reunión del Patronato de la Fundación Salud y Sociedad celebrada el 27 de abril de 2015, se aprueban dos modificaciones de los Estatutos de la Fundación:
  • El cambio de nombre, pasando a denominarse Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud FICSSALUD. Esta modificación estatutaria no se anuncia, pero poco a poco empieza a introducirse el nuevo nombre y hoy en día es más o menos conocido (a pesar de que la FSS siempre se ha escondido en su publicidad institucional tras la marca «Fundación del CGE»).





  • La segunda decisión es absolutamente clandestina, hasta que he podido obtener el escrito que ahora hago público, donde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la acepta y ordena su inscripción: se acepta la renuncia del Consejo General de Enfermería, que abandona la fundación y es sustituido como vocal por un viejo mentor y compinche de González Jurado, Juan Vicente Beneit Montesinos (rebobine el lector hasta el cuarto párrafo de este artículo, si no retuvo el nombre).


Naturalmente, puesto que no se encuentra reflejado como ingreso en las cuentas de 2016, el CGE abandona la fundación sin recuperar los 150.000 euros que aportaron los forzosos colegiados a su capital fundacional.
El anuncio de la “dimisión” de González Jurado como presidente del CGE, que ha tenido lugar el pasado 6 de octubre, lo presenta como una decisión “en caliente”, motivada por el estado de salud de su esposa. En primer lugar, quiero transmitir, no puedo decir mi afecto a alguien que quiere meterme en prisión y arruinarme de por vida por denunciar sus tejemanejes, pero sí mi empatía con la familia González Fernández y desear una pronta recuperación de la paciente. Y en segundo lugar decir también que, a pesar de este infortunado suceso, la gravedad de los hechos impide “aparcar” su denuncia esperando momentos más propicios. Ya ha empezado el diario El País a hacerlo, como es bien sabido, ya que la noticia han tenido un amplio seguimiento, dentro y fuera de la profesión. Le seguirán otras si el diario no se arruga, porque material me consta que tiene.
Pero los hechos demuestran que lo que se está produciendo es una salida ordenada y lo más impune ya que “digna”, no posible, planificada desde hace al menos dos años.
Desde luego, ya no se podrá hablar de «la Escuela del CGE», «los cursos del CGE», las «jornadas del CGE», «la ONG del CGE» o «la cooperación solidaria del CGE»… aunque se siguen relacionando ambas entidades por si cuela (que cuela; yo mismo ni me había dado cuenta hasta ahora).


Por otro lado, se empezará a cerrar el despendolado entramado empresarial, excepto en aquello que siga resultando necesario (E-NETWORK SALUD SAU, dirigida por el hijo del candidato a sucesor de González Jurado, Florentino Pérez López; y SERPROCOL SA, la empresa de servicios al colegiado; poco más). Posiblemente, incluso, la propia FICSSALUD, cuyo inmueble de Aravaca puede estar tasado en más de 20 millones de euros. Goloso...
Las delirantes  pero muy lucrativas a título personal, supongo, de otra manera no se explican  inversiones inmobiliarias realizadas a través de dos sociedades del holding, ENFERMUNDI SA y COFUNSALUD SA, rescatada ya la primera a costa de seis millones de euros abonados por el CGE (cuotas colegiales mediante); a punto de serlo la segunda, que ha tenido pérdidas de otros seis millones en los dos últimos ejercicios conocidos, que habrán de ser también asumidas por el CGE, tienen que pasar factura, tanto en el sentido financiero como en el judicial.
En fin, la relación CGE-FSS es a día de hoy simplemente inexistente, excepto la relación arrendador-inquilino, que se supone prevalente. Excepto que se hayan firmado convenios, que muy probablemente se haya hecho para que la salida sea ordenada. Pero incluso eso podría tener un horizonte temporal: en enero de 2016, el Consejo compró (y pagó al contado 1.057.322 €) una parcela de 2.951 m2 con una edificabilidad de 1.305 m2, en la urbanización La Florida, muy cerca de la sede actual de Fuente del Rey 2. Para algo será…


Finalmente, (tratar de) nombrar sucesor a Florentino Pérez Raya, una apuesta delirante (¿se lo imaginan negociando con autoridades y lobbies competidores? Yo tampoco, claro: surrealismo del bueno) que parecía segura pero que igual no le sale tan rotunda como creía, muestra a las claras que la salida ordenada a la que me he referido nada tiene que ver con circunstancias familiares sino con un propósito de escapar al largo brazo de la Justicia. No lo conseguirán, ni él ni sus colaboradores necesarios. Empezando por el candidato a la sucesión.
La Escuela de Ciencias de la Salud nunca fue "de" la Organización Colegial de Enfermería, siempre fue de una fundación privada: solo se vendió así para hacer caja. Esa fue la Gran Mentira de Máximo Antonio González Jurado. Como anunció en primicia El País, todos estos hechos y muchos más están denunciados ante la Fiscalía, solo queda esperar a que sus investigaciones fructifiquen.